El juego de las instituciones. Políticas de la Visita del General de Catalunya durante la primera mitad del siglo XVII*

 

The Game of Institutions. Visita of the General of Catalonia’s policies during the first half of the Seventeenth Century

 

Ricard Torra Prat

Universitat Autònoma de Barcelona**

 

 

 

Resumen: El objetivo del presente artículo es el estudio de la Visita del General de Catalunya desde su vertiente pública como institución jurídico-política que, a partir de su instauración en el año 1599, tendrá que compartir el espacio político con el resto de organismos catalanes. Mediante este análisis, queremos constatar que a diferencia de los otros sistemas de fiscalización presentes en la Monarquía Hispánica de los Austrias, la Visita del General consistió en una institución pública autónoma respecto de la institución que tenía que visitar, de carácter principalmente jurídico, pero que también utilizó los recursos políticos a su alcance para generar y asegurarse un espacio dentro del juego institucional de la Cataluña de las primeras décadas del siglo XVII.

 

 

Palabras clave: Historia institucional, visitas, residencias, Monarquía Hispánica, siglo XVII.

 

 

 

 

Abstract: The aim of this paper is the study of the Visita del General de Catalunya from its public view as a political and legal institution that since its restoration in 1599 had to deal with the other Catalan entities in the way to redistribute their political space. With this research, we want to stress the fact that unlike the other public control systems that took part in the Spanish Monarchy, the Visita was the only one that had an autonomous operation towards the institution that it was supposed to be controlled. Although it was a legal institution, the Visita used all its available political sources to generate and ensure a place inside Catalonia’s institutional game during the first half of seventeenth century.

 

 

Keywords: Institutional history, visitas, residencias, Spanish Monarchy, 17th Century.


 

El juego de las instituciones. Políticas de la Visita del General de Catalunya durante la primera mitad del siglo XVII

 

 

            Introducción

 

El estudio de los mecanismos de fiscalización de los oficiales públicos reales en la Corona de Castilla ha gozado de una notable atención por parte de la historiografía los últimos decenios. Visitas[1] y juicios de residencia[2] –tanto en su modalidad peninsular como en su modalidad indiana– han sido tratados desde ámbitos tan distintos como la historia del derecho o la antropología y han ocupado historiografías tanto peninsulares como americanas. A diferencia del caso castellano, el estudio de la fiscalización de los oficiales reales en época moderna no ha generado tantos trabajos como los que vemos cuando nos desplazamos a los territorios de la antigua Corona de Aragón. Uno de los principales motivos de ello podría ser la inexistencia antes de 1707-1716 de la figura del corregidor en la organización del mundo local de los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña –y, por extensión, del sistema de fiscalización global que acompañaba a este cargo, eso es, el juicio de residencia. Aun así, cabe destacar por su importancia estudios como los de Teresa Canet que, a pesar de todo, nos ofrecen una visión global del estado de la cuestión en dichos territorios[3].

 

Centrándonos en el caso específico del Principado de Cataluña y en el período anterior a la finalización de la Guerra de Sucesión (1702-1714), es evidente que las visitas reales fueron de escasa aplicación y aún más dudosos resultados[4]. A pesar de ello, la historiografía ha destacado la visita hecha por el regente Matías Bayetolá durante los años previos al estallido de la Guerra dels Segadors (1640-1652)[5]. Por el contrario, el estudio de los mecanismos de fiscalización de los oficiales públicos no adscritos a la jurisdicción real ha tenido una notable difusión en los últimos años de la mano de investigadores como Tomàs de Montagut, Isabel Sánchez de Movellán, Pedro Llinás, Eva Serra, Josep Capdeferro o Ricard Torra, los cuales han analizado la fiscalización de los oficiales dependientes de la Diputació del General de Catalunya[6], el mayor exponente de los cuales fue la Visita del General de Catalunya.

 

En el caso de los territorios italianos, la cuestión ha sido tratada recientemente por Mireille Peytavin y Geltrude Macri. Del estudio de Peytavin[7] cabe destacar su aproximación al estudio global del fenómeno de las visitas, con especial atención a las Visitas Generales del reino de Nápoles. Según la historiadora francesa, estas inspecciones tendrían como principal objetivo no tanto castigar las malas conductas de los oficiales reales como recabar información sobre el funcionamiento del aparato gubernamental de este territorio para desarrollar y mejorar su legislación. Así mismo, Peytavin vería en todos los sistemas de fiscalización presentes en los distintos territorios de la Monarquía una misma matriz dedicada “à soumetre à la fois les officiers à jugement et les institutions à normalisation”[8]. Por su parte Geltrude Macri ofrece un estado de la cuestión muy completo en torno a la problemática de las Visitas Generales[9].    

 

El objetivo del presente artículo es el estudio de la Visita del General de Catalunya desde su vertiente pública como institución jurídico-política que a partir de su instauración en el año 1599 tendrá que compartir el espacio político con el resto de organismos catalanes, tanto de jurisdicción real como de las jurisdicciones eclesiástica, militar y del General[10]. Mediante este análisis queremos demostrar que, a diferencia de los otros sistemas de fiscalización presentes en la Monarquía Hispánica de los Austrias, la Visita del General consistió en una institución pública autónoma respecto de la jurisdicción que tenia que visitar, de carácter principalmente jurídico pero también político y que sostuvo una acción coherente a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVII, a pesar del hecho que su funcionamiento fuera discontinuo –funcionaba durante nueve meses coincidiendo con el inicio de cada trienio de la Diputació del General.

 

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Cuando en el mes de julio de 1600 se inició la primera Visita del General, la mayoría de los organismos públicos que formaban parte del marco institucional del Principado eran ya centenarios y algunos de ellos, como la Diputació del General o el Consell de Cent de Barcelona, contaban ya con más de dos siglos a sus espaldas. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la Visita fuera recibida con novedad y ciertas suspicacias. Conseguir hacerse un lugar dentro del juego institucional catalán fue uno de los principales quebraderos de cabeza de los sucesivos consistorios de visitadores durante las primeras décadas del siglo XVII. El reconocimiento necesario, tanto de las acciones emprendidas por los visitadores como de sus resoluciones, se consiguió en parte gracias a la propia legislación resultante del capítulo 1/1599 y en parte debido a la voluntad de los hombres que conformaron la Visita por hacer valer su posición ante las otras instituciones. A nuestro entender, conseguir la preservación de los intereses de la Visita, y sobre todo la independencia de su gestión respecto del resto de organismos políticos y judiciales, fue la gran victoria de los visitadores durante los primeros 40 años de la centuria.

Seguidamente, plantearemos tres casos que a nuestro entender confirman esta interpretación: en los dos primeros, veremos como los visitadores son capaces de mantener su postura de fuerza ante la presión del resto de instituciones catalanas. El tercer ejemplo nos remitirá a las décadas centrales de la primera mitad del siglo XVII, cuando la Visita ya es un perfecto interlocutor en la vida política catalana: buena prueba de ello son las disputas entre Cortes y Monarquía acerca de la institución fiscalizadora durante la reunión de 1626-1632. Finalmente, haremos una breve mención al cambio de tendencia que llegará con el estallido de la Guerra dels Segadors (1640-1652) y en el que la Visita verá recortadas sus prerrogativas, primero a nivel económico y luego a nivel jurídico y político.

 

 

            Aprender a dominar el tiempo. La Visita de 1605 y el problema de los             plazos.

 

El capítulo 1 «del redreç» de 1599[11] otorgó un margen de maniobra amplio tanto a la Visita del General como a sus oficiales. De hecho, este margen a veces era tan grande que resultaba impreciso, originándose por ello tensiones entre visitadores y diputados puesto que unos y otros tendían a interpretarlo de la forma que les era más favorable a sus intereses. Este es el caso, por ejemplo, de la Visita iniciada en agosto de 1605, en la que diputados y visitadores se enfrentaron por la cuestión de los plazos de la Visita indicados en el capítulo 1/1599. El día 31 de agosto de 1605 se instituía el consistorio de los visitadores que tenían como cometido fiscalizar la actividad de los miembros de la Diputación que habían ejercido durante el trienio de 1602-1605[12].

 

Desde el principio, la inspección estuvo marcada por las inseguridades jurídicas: la legislación referente a la Visita se había estrenado en 1600 y solamente se habían ejecutado dos fiscalizaciones, la de 1600 y la de 1602. Esto implicaba que muchos de los automatismos de la institución aún tenían que desarrollarse. Los propios miembros de la Visita planteaban «dubtes» (dudas) sobre el funcionamiento del organismo que, por falta de precedentes, eran encargados a algunos de los miembros de la Real Audiencia –en categoría de expertos jurisconsultos– para que estos miembros del más alto órgano judicial de la provincia recomendaran las acciones a emprender[13]. La escasez de coordenadas claras para desarrollar las acciones que les competían llevó muchas veces a los visitadores a emprender acciones que o bien estaban al límite de su jurisdicción, o bien directamente se situaban fuera del ámbito de la misma.

 

Debido a esta situación, durante el mes de diciembre de 1605 los diputados del trienio de 1605-1608 –que compartían el espacio político-institucional con los visitadores– presentaron a sus asesores jurídicos tres «dubtes» relativos a la capacidad de maniobra de los visitadores[14]. Los diputados cuestionaban, en primer lugar, si los visitadores instructores –sin la concurrencia del resto de visitadores– tenían la potestad de tomar medidas de carácter disciplinario respecto de los oficiales que estaban investigando, como lo eran por ejemplo las suspensiones de oficiales de la Diputación[15]. En segundo lugar, los diputados dudaban de la legalidad de todas las suspensiones decretadas por los visitadores, las cuales habían conducido a una situación en la que las principales sedes fiscales se hallaban “casi totas sens offitials”, causando una avalancha de protestas de parte de los suspendidos y detenidos por orden de los visitadores. Finalmente, «last but not least», los diputados dudaban que los visitadores tuvieran la capacidad de investigar las causas que los propios diputados estaban llevando en su tribunal en materia de insaculaciones y provisiones de cargos[16].

 

En el momento en el que los visitadores tuvieron noticias de los procedimientos de «dubte» planteados por los diputados, fueron presto a pedir permiso al virrey para que les permitiese nombrar a cinco juristas de la Real Audiencia para que también se pronunciasen sobre los mismos. La máxima autoridad real en el Principado accedió a la petición de los visitadores que nombraron a Jaume Agullana (canciller), Jeroni Torner, Jeroni Astor, Jaume Pineda y Jeroni Senjust para que emitiesen su juicio sobre las dudas planteadas por los diputados. El día 14 de diciembre de 1605, los juristas presentaban su dictamen: en cuanto a la primera de las dudas –sobre la capacidad de los visitadores instructores para tomar medidas disciplinarias contra los investigados por la Visita– creían que “los tres senyors visitadors extrets per fer e instruir processos tenen poder de fer suspentions y altres provisions que·ls aparexerà convenir per la instructió y bona directió de la Visita”. Sobre la segunda de las dudas, tocante a la legalidad de las suspensiones ordenadas por los visitadores hasta la fecha, estas no se cuestionaban, aunque los doctores de la Real Audiencia recordaban que eran los diputados los que debían reponer los oficiales en aquellas sedes que se encontraran desprovistas por estar sus ocupantes originales suspendidos. En cuanto a la tercera duda, tocante a la cognición de causa en materia de las insaculaciones que los propios diputados ya estarían analizando, los juristas eran del parecer que:

 

“los visitadors poden conèxer de les insiculations y provisions de officis en quant en aquelles se trobarà dol, delicte o dany del General o contrafactió de capítol de Cort, a effecte de castigar lo delicte y fer esmenar lo dany al General, no obstant que·y haja causes pendents en lo concistori dels deputats. Y que los delictes que·s fan lo corrent trienni tant per los officials antichs com per los nou provehits en lo loc dels suspesos no·s poden castigar per los visitadors. Y que los visitadors no poden ordenar coses noves, però poden contar que los officials del General y Deputatió guarden los capítols de Cort y altres ordinations per lo concistori dels deputats fetes per lo bon exercici de dits oficis.”[17]

 

El voto  de los juristas de la Real Audiencia daba en buena medida la razón a los visitadores, los cuales se consideraban a si mismos competentes para investigar todos aquellos delitos tocantes a la jurisdicción del General, aunque del mismo modo les advertía sobre cual era su límite: el tiempo. El voto recordaba que el consistorio de la Visita tenía un margen muy amplio de actuación, puesto que los visitadores podían actuar en cualquier materia, siempre y cuando el hecho que la motivara hubiera tenido lugar en el trienio anterior al vigente. También ponía límites a los visitadores en materia de producción legislativa: estos no podían “ordenar coses noves”, pero sí que podían “contar” –explicar– aquellas actuaciones que debían acometer los oficiales de la Diputación para preservar la observancia de la legislación vigente. Los visitadores, en definitiva, podían tomar buena nota de los abusos cometidos por los miembros del General y fiscalizar su actuación para que, en todo caso, una posterior reunión de las Cortes se encargara de reformar aquellos aspectos que se hubieran de reparar o actualizar según lo dispuesto por los agentes fiscalizadores. Se trataba pues de, en buena medida, continuar con la tarea empezada por las visitas enviadas por las Cortes durante la primera mitad del siglo XVI[18].

 

A pesar del sentido del voto realizado por los doctores de la Real Audiencia, la Diputació del General no dio su brazo a torcer. El día siguiente hizo una embajada[19] a los visitadores en la que se les comunicó que los diputados y oidores de cuentas habían aceptado una suplicación, la cual les habían presentado los acusados en las querellas instruidas por la Visita. En dicha embajada, se pedía la nulidad de todos los procedimientos únicamente porque los visitadores habían empezado la fase de  instrucción de los mismos el día 15 de septiembre –según los suplicantes, el inicio de la instrucción debería de haberse realizado el primero del susodicho mes–. Con la ayuda de esta suplicación, los acusados perseguían el objetivo de sortear las acusaciones hechas por los visitadores pretendiendo que todas las actuaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de diciembre de 1605 –como por ejemplo la publicación de las querellas– fueran declaradas como contrafacción por estar fuera del plazo de tres meses estipulado para hacer la instrucción de los procesos[20].

 

Ante esta situación, a finales de enero de 1606 los visitadores decidieron pedir de nuevo la opinión a algunos miembros de la Real Audiencia. Esta vez, los asesores de la Visita se reunieron con los doctores Jeroni Astor, Josep Benac, Jaume Pineda, Jeroni Senjust, Jaume Magarola, Francesc Mitjavila i Franquesa y Francesc Ferruch para discernir si los visitadores tenían la potestad de comenzar la primera fase de la Visita el día 15 de septiembre, o si por el contrario, haber obrado de esta forma suponía una contrafacción del capítulo 1/1599[21]. La gravedad del asunto hizo demorar el voto de los miembros de la Real Audiencia hasta mediados del mes de marzo –el dietario de la Visita del General data la entrega del mismo a 16 de marzo–, aunque el veredicto fue otra vez favorable a los intereses de los visitadores. Según los doctores el capítulo 1 «del redreç» de 1599 evidenciaba que “no·y ha dia cert ni senyalat del qual comensen y hajen de comensar a córrer los tres mesos de la offensa” y remarcaban el hecho que los visitadores habían utilizado los días comprendidos entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre para hacer las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento fiscalizador con las garantías suficientes. Por todo ello, los doctores de la Real Audiencia eran del parecer que “los dits senyors visitadors, senyalant lo dia de setze de setembre per a que començassen de aquell dia a córrer los tres mesos de la offensa, continuant-la fins a setze de dezembre mil sicents y sinch no han contrafet al dit capítol primer” y sentenciaban que “no poden ni dehuen dits senyors diputats oposar-se ni pretendre contrafactió de dit capítol primer”[22].

 

Cabe decir que cuando los visitadores recibieron el voto de los doctores de la Real Audiencia, el enfrentamiento entre diputados y agentes fiscalizadores circulaba por otros cauces. El día 27 de enero de 1606 Baptista Cassador, exactor del General, había intentado la detención de uno de los visitadores, Joan Coronat, con el pretexto de ser este último deudor del General[23], aunque la motivación real fuera otra: Cassador tenía orden expresa de parte de los diputados de detener a Joan Coronat, porque los visitadores habían mandado citaciones judiciales voluntarias a algunos de los oficiales de la Diputación del trienio en curso para que declarasen en algunas de las querellas. Concretamente, los diputados estaban especialmente molestos porque los visitadores habían presentado una de estas letras a Galceran de Peguera, diputado militar, y lo que según ellos aún era peor, lo habían hecho dentro del propio consistorio de la Diputación. Ante el enfado de los diputados, los visitadores optaron por enviar una embajada de tono conciliador, disculpándose por haber cometido el (grave) error de entregar las letras dentro de la Casa de la Diputació –actual Palau de la Generalitat– y insistiendo en el hecho que dichas letras no obligaban a nadie a comparecer ante el tribunal de la Visita, sino que tenían un carácter totalmente voluntario[24].

 

Lejos de aceptar las disculpas de los visitadores, los diputados les enviaron una nueva embajada el día 11 de febrero en la que principalmente les exigían que se retirase formalmente la petición de comparecencia entregada a Galceran de Peguera. Para los diputados –que previamente habían consultado el parecer de una junta de juristas–, los visitadores no tenían la potestad ni la autoridad para citar a declarar a Peguera ni voluntaria ni forzosamente, puesto que su condición de diputado le eximía de tener que personarse delante de cualquier tribunal. Además, amenazaban a los visitadores con hacerles mandamientos en su contra, tal y como se hacía con cualquier otro tribunal cuando intentaba citar un diputado u oidor de cuentas para que declarasen. Los diputados incluso llegaron a pedir a los visitadores que evitaran hacer comparecer a otros miembros de la Diputación –el regent els comptes, el exactor, el ajudant del racional y el guarda del portal de Sant Antoni– delante del tribunal de la Visita, porque el asunto que había motivado tales citaciones ya se estaba investigando dentro de la propia Diputación[25].

 

Los visitadores contestaron a esta embajada el 21 de febrero. Sobre la citación hecha a Galceran de Peguera, los visitadores recordaban a los diputados que el noble catalán había sido citado no como diputado militar, sino como encargado de los plomos del General –oficio que había ejercido previamente–, un cargo que era “subjecte a la Visita, ab obligatió real en útil del General”. Además, los visitadores hicieron ver a los diputados que este oficio estaba siendo investigado, junto con otros, por haber sido entregados a personas como pago de algunas deudas contraídas por los antiguos diputados y oidores de cuentas, hecho, dicho sea de paso, totalmente contrario a lo dispuesto por la legislación emanada de las Cortes. Por otro lado, ante la petición de los diputados para que se evitaran las comparecencias de los otros oficiales de la Diputación citados, los visitadores respondieron visiblemente enojados que estaban muy sorprendidos ante su actitud, observando atónitos el papel que estaban jugando tomando “tant a pit las deffensas dels querelats, com ninguna constitutió ni capítol de Cort los don tal poder ni·ls fasse superintendents als visitadors, ans bé, los obliga que·ls donen tot consell, favor y aiuda, instats y requirits per dits visitadors, de hont resulta que cessant la requisitió tot lo que han pretès y pretenen és contra dit capítol de Cort [1/1599]”. En resumen, los visitadores estaban acusando a los diputados de querer ejercer de defensa de los procesados por la Visita. Por si esto no fuera suficiente, los visitadores recordaban el voto emitido por los juristas de la Real Audiencia[26] en el que se confirmaba que los visitadores podían investigar los temas referidos a insaculaciones y provisiones irregulares de cargos y terminaban advirtiendo a los diputados que

 

“no vullan posar les mans en lo que no·ls toca ni perturbar lur jurisdictió ab tanta plenitud per lo capítol de Cort [...] a ells comesa, sinó que·ls donen tot consell, favor y aiuda quant ne seran requests”[27].

 

A pesar de ello, los diputados no atendieron a estas advertencias y pocos días después presentaron letras a diferentes oficiales de la Visita para que retirasen la citación judicial a Galceran de Peguera. Dichas letras, escritas “ab un terme inusitat y extravagant”, motivaron la convocatoria de tres representantes de los estamentos para pedirles consejo. Los representantes –el sacristán Junyent, Bernat de Pinós y Julià de Navel– decidieron juntamente con los visitadores que las tensiones originadas entre estos últimos y los diputados por la citación contra Galceran de Peguera habían dado lugar a un «dubte» que tenía que resolverse ante la Real Audiencia, evitando con ello enfrentamientos innecesarios entre la Visita y la Diputación. Siguiendo esta recomendación, los visitadores mandaron una embajada a los diputados para que estudiaran la propuesta de los representantes de los estamentos[28].

 

Esta nueva proposición hecha por los miembros de la Visita fue respondida por los diputados el día 8 de marzo. La embajada de la Diputación acusaba a los visitadores de haber provocado el incidente entre ambos consistorios. Según los diputados, en el momento en que Galceran de Peguera había recibido las citaciones para declarar delante del tribunal de la Visita, la Diputación se había visto obligada a actuar “per conservar les prerrogatives, usos y stils de aquella Casa”. Por otra parte, los diputados creían que no era necesario traspasar la resolución del problema a la Real Audiencia, básicamente por dos motivos: en primer lugar, para los miembros de la Diputación el negocio no estaba a la altura de “persones tan graves y de qualitat” como los doctores del tribunal real; en todo caso, si era oportuno se les podía pedir su opinión en calidad de «consulendos». En segundo lugar, los diputados creían que si se aceptaba el arbitraje de la Real Audiencia, ellos estarían haciendo un agravio para con los juristas que habían contratado para aconsejarles sobre el tema. Finalmente, desde la Diputación se pedía de nuevo a los visitadores que retiraran las citaciones contra Peguera y que borraran de los registros de la institución cualesquier rastro de la polémica, prometiendo hacer lo mismo por su parte[29]. Los visitadores respondieron a esta embajada el día 11 de marzo, pero solamente para comunicar a los diputados que mientras los doctores de la Real Audiencia convocados para resolver las dudas acerca de los plazos de la Visita no se pronunciaran, no podrían emitir un voto acerca de la presentación de la citación a Galceran de Peguera[30].

 

Lejos de resolverse, la situación aún se complicó más el día 14 de marzo cuando los visitadores recibieron una embajada de parte del Braç Militar[31] en la que se les pedía nuevamente que retirasen la citación contra Galceran de Peguera, puesto que esta era contraria a las costumbres de la Diputación y, ante todo, era “tocar-los la nina dels ulls [...] perquè era donar ànimo i ezidero a que altres tribunals no se atrevescan ha fer coses semblants”. En definitiva, pedían a los visitadores que no abrieran la caja de pandora, puesto que si estos conseguían que Peguera declarase ante el tribunal de la Visita aun siendo diputado militar, quien podía decir a ciencia cierta que en un futuro próximo cualesquier oficial superior de la Diputación no podía ser requerido ante un tribunal real[32]. Del mismo modo, los diputados también recibieron una embajada de parte del Braç Militar en la que se pedía a estos que continuaran las gestiones necesarias para evitar la comparecencia de Peguera[33].

 

A pesar de las gestiones hechas por la nobleza catalana, el asunto seguía sin entrar en vías de solución. Es más, a finales del mes de marzo, concretamente el dia 20, los visitadores recibieron una embajada de parte de los diputados en la que se les pedía que revocaran los procedimientos hechos contra Galceran de Peguera en un plazo máximo de veinticuatro horas. En caso contrario, los diputados amenazaban con proceder contra los bienes de los visitadores por valor de 200 ducados. La mayoría de los visitadores –excepto Francesc de Marimon y Francesc Corts– decidieron convocar una junta de expertos en derecho para que los aconsejaran como actuar ante el nuevo ataque de la Diputación. En este caso, los doctores nombrados fueron Miquel de Ribes, Miquel Rollan, Francesc Tristany y Pau Mohet. Siguiendo el parecer de los juristas convocados, el día 21 de marzo los visitadores enviaron sendas embajadas al Braç Eclesiàstic, al Braç Militar y al Consell de Cent, al mismo tiempo que preparaban mandamientos contra los diputados y asesores jurídicos que habían participado en la redacción del mandamiento contra la Visita, en los que se les advertía que si no lo retiraban se les condenaría a la desinsaculación de todos los lugares donde estuvieran insaculados. Las embajadas enviadas a los Braços y al Consell de Cent obtuvieron una rápida respuesta: estos estaban dispuestos a ejercer de intermediarios entre los visitadores y los diputados para evitar incurrir en mayores daños[34]. De hecho, el mismo día 21 la Diputación recibió embajadas de parte del Braç Eclesiàstic y del Braç Militar ofreciéndose a intermediar en el conflicto. Ante la presión de estas instituciones, los diputados aceptaron la situación y se comprometieron a no tomar ninguna resolución sobre el conflicto durante la Semana Santa[35].

 

Durante los primeras días del mes de abril de 1606, todo parece indicar que Braç Militar y Braç Eclesiàstic eran los que lideraban las negociaciones para encontrar una solución al problema de la citación de Peguera. El día 7 de abril, los visitadores recibieron una embajada de parte de estas dos instituciones –que por aquel entonces se encontraban reunidas en el palacio episcopal de Barcelona– en la que les pedían si estaban dispuestos a confiarles la resolución del conflicto o, si por contrario, solamente querían que ejercieran de intermediaros. Los visitadores respondieron poco después a esta representación: primeramente, cuestionaban que tanto el Braç Militar como el Braç Eclesiàstic tuvieran la autoridad y el poder para resolver el conflicto entre la Visita y la Diputación. En segundo lugar, los visitadores creían que los diputados no tenían la capacidad para otorgar el poder de decisión de este «affaire» a los brazos y, en todo caso, si esta tenía que ser la solución definitiva, la única salida posible era nombrar una nueva junta de brazos que contara con la asistencia de las personas más notables que en aquellos momentos se encontraran en Barcelona y que no hubieran tomado partido en la disputa con anterioridad[36]. Así pues, parece que las posiciones seguían enrocadas.

 

A pesar de ello, pocos días después la situación empezó a cambiar de la mano, precisamente, de los braços. El día 15 de abril estos presentaron ante los visitadores una solución de consenso: por un lado, diputados y visitadores tenían que comprometerse a revocar todos los procedimientos hechos en ambos consistorios y que tuvieran relación con la citación presentada a Galceran de Peguera. A cambio, los visitadores podían continuar investigando al diputado militar y el resultado de esta investigación sería sentenciado en la siguiente visita[37]. Los visitadores aceptaron esta propuesta el dia 17 de abril y el día 21 comunicaban a los diputados que retiraban todos los procedimientos hechos en relación al caso de Galceran de Peguera: todo quedaba, por lo tanto, resuelto[38].

 

Los visitadores tuvieron que pagar un precio relativamente alto para solucionar el caso de las citaciones a Peguera, puesto que con la renuncia a presentar la querella contra el diputado militar se creaba un precedente en torno a la figura de los oficiales de mayor rango de la Diputación. A pesar de ello, se consiguieron dos hechos remarcables: por un lado, se había evitado un enfrentamiento abierto entre diputados y visitadores que podía haber conducido a un final incierto y, por otro lado, los visitadores que iniciaron sus tareas en 1608 se encargaron de juzgar a Galceran de Peguera por los delitos cometidos cuando era el encargado de los plomos del General[39].

 

El consistorio de visitadores que empezó su andadura en agosto de 1605, llegó al final de su cometido habiendo conseguido cimentar una base sólida para las  inspecciones que tendrían lugar los siguientes lustros. Por un lado, los visitadores habían logrado hacer valer su pretensión de iniciar los procedimientos fiscalizadores el día 15 de septiembre –mediante el voto de los doctores de la Real Audiencia datado a 16 de marzo de 1606–. Por otra parte, a raíz del enfrentamiento por las letras citatorias dadas a Galceran de Peguera, los sucesivos consistorios de visitadores sabrían a ciencia cierta que la única frontera que les separaba de actuar contra los oficiales más importantes de la Diputación era el tiempo. Los agentes fiscalizadores tuvieron que aceptar que la calidad del oficio de los diputados los hacía inviolables durante el ejercicio del cargo público, incluso si se les intentaba juzgar por delitos cometidos con anterioridad al dicho cargo. Por el contrario, deberíamos preguntarnos si los visitadores gozaron de semejante inmunidad en el ejercicio de su cargo. Veámoslo.

 

Inviolabilidad violada. «L’afer Juallar» y la Visita de 1608

 

Durante el ejercicio de sus cargos, diputados y oidores de cuentas de la Diputació del General de Catalunya presumían de una inviolabilidad que, como hemos visto, les servía, por ejemplo, para evitar ser fiscalizados por los visitadores durante el ejercicio de su cargo. Esta inviolabilidad también les servía para evitar ser capturados por alguna de las otras jurisdicciones imperantes en la Cataluña del siglo XVII, y en todo caso si un diputado u oidor de cuentas era capturado –por ejemplo por orden del rey–, la Diputación tenía la capacidad de hacer funcionar un mecanismo conocido como «torb», por el cual se procesaba judicialmente a la persona que había perturbado la jurisdicción del General[40] –y por extensión también de la Visita–. Sobre el papel, el cargo de visitador del General gozaba de semejantes privilegios y durante la inspección iniciada en agosto de 1608 los visitadores tuvieron la oportunidad de ponerla a prueba[41]. En este sentido, la captura del presidente de la Visita –el abad de Sant Martí del Canigó, Àngel Juallar– desató una tormenta política que monopolizó el debate público en el Principado durante los primeros meses de 1609.

 

Los inicios de la Visita de 1608-1609 no hacían presagiar que más adelante pudieran tener lugar enfrentamientos entre visitadores y diputados. Es más, ambos consistorios mantuvieron la cordialidad durante estos instantes iniciales sin que las fuentes nos hagan partícipes de la existencia de problemas u tensiones de ningún tipo. A pesar de esta cordialidad inicial, todo empezó a torcerse a raíz del arresto del presidente de la Visita, Àngel Juallar, ordenada por los abades de Banyoles, Ripoll y Arles el día 31 de diciembre de 1608.

 

¿Cual fue el motivo para actuar de esta forma? Según el cronista Jeroni Pujades, el abad de Sant Martí del Canigó era «culpable» de haber llegado a un acuerdo con los jesuitas de Perpinyà para venderles su monasterio a cambio de una pensión vitalicia; según sus captores, Juallar era culpable de homicidio voluntario[42]. Por su parte los visitadores, en un memorial entregado a los diputados y datado a dos de enero de 1609, tenían claro que su compañero había sido hecho prisionero a instancia de algunos de los acusados en la visita corriente

 

“dita captura del dit abbat Juallar feta és [juscada] y procurada per algunas personas gravament quereladas en dita visita per veure si ab apellido de dita captura poran conseguir lo hèxcit obtat de la impunició de dits delictes y excesos, lo que se argueix manifestament en la occasió que és estada dita captura excecutada en persona de dit Jaullar, volent prevenir que al temps de votar les sentències proferidoras nos trobàs present dit Juallar, visitador”.[43]

 

El mismo día de la detención del visitador, sus compañeros de consistorio decidieron comunicar los hechos a los diputados, al virrey y al resto de visitadores que residían fuera de Barcelona porque aún se estaba celebrando la instrucción de los procesos[44]. Las gestiones de los consistorios de la Visita y de la Diputación para con este suceso continuaron el día 1 de enero de 1609. A lo largo de la jornada, los visitadores pudieron saber que su compañero de consistorio estaba siendo trasladado a algún lugar indeterminado en dirección a Girona y su principal temor era que sus captores intentaran pasarlo al reino de Francia, donde la jurisdicción de las instituciones catalanas era nula. Por otro lado, los visitadores siguieron informando a los diputados del estado de las cosas. En este sentido, el asesor de la Visita –Miquel Rollan– entregó un escrito a los diputados en el que se explicaban con detalle los hechos acaecidos las últimas horas y en el que se exponía la necesidad de declarar «torbants del General» a los abades que ordenaron que Juallar fuera hecho preso. Además, los visitadores pedían asistencia a los diputados para resolver con celeridad el problema[45] y, como recordaban en una carta enviada a Jaume Saconomina y a Joan Rafel Ferrer –visitadores residentes en Girona–, era necesario hacer todo lo posible para liberar al abad de Sant Martí del Canigó, puesto que el arresto de un visitador instructor de procesos durante su periodo de ejercicio podía conllevar serios problemas para la institución[46].

 

A pesar de que en los primeros momentos de la crisis Visita y Diputación colaboraron para resolver el problema, lo cierto es que el ambiente entre ambas instituciones se enrareció de forma progresiva. El día 2 de enero, los diputados enviaban una embajada a los visitadores para comunicarles que estaban a su entera disposición, a la que los visitadores respondieron diciendo que todo lo que necesitaban ya estaba contenido en la embajada que habían enviado el día 1 pidiendo que se declarara turbantes a los captores de Àngel Juallar. Sorprendentemente, mientras la Diputación enviaba estas representaciones ante los visitadores, el abad de Ripoll –uno de los tres captores de Juallar– era recibido por los diputados en su consistorio para explicar los motivos que le condujeron –junto a los de Banyoles y Arles– a detener al de Sant Martí del Canigó. Según los religiosos, Juallar había cometido multitud de crímenes que tenían que ser juzgados y castigados como era debido. Además, aseguraban que su detención en ningún caso se había realizado con “ánimo de impedir o torbar la Visita” puesto que la institución fiscalizadora podía continuar con su cometido con el resto de visitadores[47]. Aunque esto último era cierto, –puesto que Juallar podía ser sustituido como instructor de procesos por cualquiera de los otros dos visitadores extraídos por el estamento eclesiástico– pensamos que los visitadores nunca habrían aceptado tal situación, porque habría significado admitir como válida la detención de un visitador durante el ejercicio de su cargo, sentando con ello un peligroso precedente.

 

Una vez finalizada la comparecencia del abad de Ripoll, los diputados enviaron una embajada a los visitadores en la que convocaban al asesor y al abogado fiscal de la Visita para que acudieran al consistorio de la Diputación para ser informados sobre las explicaciones dadas por los religiosos. A pesar de ello, los visitadores se negaron a aceptar semejante ofrecimiento y en cambio entregaron un voto a los diputados en el que se recogían las razones por las cuales creían que los abades benedictinos habían causado «torb» al General con la captura de Juallar[48].

 

Ante la posición de los visitadores, los diputados decidieron convocar una Junta de Braços para pedir su consejo. La Junta, después de escuchar el relato de los hechos, aconsejó a los diputados la creación de una comisión conformada por los asesores de la Diputación, doce miembros de los estamentos y diferentes juristas para que determinaran si la detención del abad de Sant Martí del Canigó era un motivo suficiente para iniciar un procedimiento de «torb». Es muy probable que esta solución tuviera solamente una función dilatoria. Dos motivos son los que nos inducen a pensarlo: 1- en primer lugar porque precisamente los hechos se sucedieron de tal forma que llevaron a un enfrentamiento largo entre visitadores y diputados en el que se intentaba dirimir a quien pertenecía el derecho de ejercer el procedimiento del «torb». 2- En segundo lugar, y más importante, dos de los miembros de la Junta de Braços fueron los propios abades de Ripoll y Arles![49]

 

Conformada la comisión, esta se reunió el día 3 de enero[50]. Aunque los comisionados estuvieron todo el día discutiendo, no llegaron a ningún acuerdo más allá de hacer saber a los visitadores que, en caso de que se declarara que la detención del abad Juallar había causado un «torb» al General, los responsables de juzgarlo serían los diputados, en ningún caso los miembros de la Visita[51].

 

Mientras tanto, los hechos se íban sucediendo. El dia 4 de enero los diputados recibieron una carta del abad de Sant Salvador de Breda, el lugar donde finalmente los captores habían encerrado a Juallar. En esta carta, se pedía que todo el «affaire» se resolviera sin dar lugar a nigún tipo de escándalos y observando la “justícia de la religió”. Aunque en ningún caso dudaba de los delitos cometidos por el abad de Sant Martí de Canigó, el de Breda instaba a los diputados a retirar de la comisión a Josep Quintana, puesto que estaba siendo investigado por la Visita. Estas parece que fueron seguidas por los diputados, puesto que la comisión poco después sustituyó a Quintana[52]. ¿Pero a que se refería en concreto el abad de Sant Salvador de Breda cuando pedía evitar cometer escándalos?

 

Retrocedamos un poco en el tiempo. El dia 1 de enero, los visitadores instructores de procesos al hacerse eco de que Àngel Juallar se dirigía en dirección a Girona, dieron poderes a Miquel Rollan –asesor de la Visita– para que persiguiera a la comitiva que llevaba preso al visitador con el objetivo de impedir que esta saliera de los confines del Principado. Las fuentes parecen indicar que cuando Rollan se percató que la intención real de los captores era encerrar a Juallar dentro del monasterio de Sant Salvador de Breda, decidió contactar con el sotsveguer de Girona y convencerlo para que le ayudara a realizar guardias delante del monasterio con sus hombres. Semejante decisión no fue bien acogida por la clase dirigente barcelonesa, donde se acusaba abiertamente al asesor de la Visita de alzar un somatén “alterant i commovent los pobles circumvehins y posant siti al monestir [de Breda]”. El revuelo fue tan grande que los propios visitadores tuvieron que presentar una embajada al virrey para desmentir las informaciones que circulaban por la ciudad condal[53]. Lo que había empezado siendo un contencioso entre miembros de un mismo orden religioso y entre fiscalizadores y fiscalizados, iba camino de convertirse otra vez en un contencioso entre diputados y visitadores para determinar cuál era el espacio político-institucional y jurisdiccional reservado a los agentes fiscalizadores. En este contexto, nos parece bastante significativo que la Visita fuera capaz de levantar una expedición armada para defender sus intereses ante aquellos que consideraba que los habían lesionado.

 

A pesar del clima hostil que se respiraba en Barcelona, los visitadores siguieron adelante con sus gestiones. El día 6 de enero convocaron una junta de ocho juristas para que asesoraran al consistorio en torno a la detención de Juallar. Al mismo tiempo, los diputados eran informados de la situación que se vivía en Breda por su delegado, Pau Mohet. Según este, los visitadores habrían ordenado a sus oficiales que hicieran algunos procedimientos que eran dañinos para los intereses del General[54].

 

Los ocho juristas designados por los visitadores el día 6 de enero empezaron sus trabajos inmediatamente, y el día 7 instaban a enviar una representación ante los diputados –representación que se formalizó el día 8– para reclamar una serie de documentos en poder de estos últimos, los cuales tenían que permitir determinar si la detención de Àngel Juallar había supuesto hacer o no «torb» a la Visita. Las dilaciones en la obtención de los documentos provocaron que los visitadores enviaran un «manament» al escribano de la Diputación, Pere Pau Vidal, lo que a su vez añadió más tensión entre ambos consistorios. El día 9 de enero, los diputados enviaron una embajada a los visitadores advirtiéndoles que la cognición de la causa en materia de «torb» al General era exclusiva de la Diputación. Además, aprovecharon para quejarse amargamente a los visitadores por el «manament» hecho contra Pere Pau Vidal y por las gestiones hechas para controlar los accesos del monasterio de Sant Salvador de Breda. Finalmente, los diputados proponían a los visitadores que los doctores reunidos por ambos consistorios para tratar sobre la detención de Juallar se juntaran para intentar alcanzar una posición común. La respuesta de los agentes fiscalizadores a la propuesta de los de la Diputación recogió la aceptación de crear una comisión de los juristas reunidos por ambas instituciones, aunque también aprovechó para pedir otra vez la documentación necesaria para determinar si la detención de Juallar se podía o no considerar «torb». Ante la insistencia de los visitadores, los diputados terminaron por ceder y entregarles los documentos[55].  

 

La comisión de doctores en derecho reunida a instancia de diputados y visitadores tampoco sirvió para apaciguar los ánimos: solamente se juntó en dos ocasiones y la reunión prevista para el día 11 de enero fue cancelada unilateralmente por los diputados a petición de los abades de Banyoles, Arles y Ripoll. Esta situación provocó que los visitadores reunieran otra vez a los estamentos para pedirles consejo, los cuales recomendaron a los agentes fiscalizadores que convenciesen a los diputados para reprender las reuniones de juristas de ambas instituciones. Aún así, el día 12 los juristas designados por los visitadores volvieron al consistorio de la Visita con un balance claramente negativo sobre el encuentro que acababan de tener con sus homólogos de la Diputación: aconsejaban a los visitadores que dejasen de acudir a las juntas de juristas porque, según decían, “no se avia pres ningun apuntament ni resolució en aquella conferència ni tenian esperanças de que·s poguessen concordar” y estaban convencidos que la mejor solución residía en hacer la declaración de «torb» a la Visita sin tener en cuenta la posición de la Diputación, tal y como sucedió el día 13[56].

 

Ahora bien, los diputados no estaban dispuestos a aceptar esta situación. El día 14 de enero, mientras el Consell de Cent intentaba rebajar la tensión existente entre las dos instituciones, los diputados respondían a los visitadores que “la declaració del torp (en cas que ley agués) tocave an aquell consistori” al mismo tiempo que dilataban tanto como podían los pagos atrasados para con la Visita. Por si esto no fuera suficiente, los diputados convocaron una nueva Junta de Braços para analizar esta situación en la que asistieron como oyentes el abogado fiscal de la Visita y uno de sus asesores jurídicos externos, los cuales tuvieron que hacer frente a los abucheos y palabras disonantes perpetrados por el resto de los asistentes, que se dedicaron a aplaudir y vitorear a los abades captores. Esta misma Junta declaró que los visitadores no tenían potestad para determinar si la detención de Juallar se podía considerar «torb» al General y que, en todo caso, este hecho tenía que ser decidido por los diputados, los cuales nombraron a nueve personas de los tres estamentos para que reforzaran el papel de los juristas dedicados al estudio de la situación[57].

 

Lejos de entrar en vías de solución, la situación se complicó con el paso de los días. Conscientes de ello, tanto los consellers de Barcelona como el virrey se implicaron en la mediación del conflicto. Por un lado, los consellers consiguieron convencer a los visitadores para que, tanto estos últimos como los diputados, renunciaran a todos los procedimientos hechos hasta la fecha y entregaran la resolución del contencioso a un tercero. El virrei duque de Monteleón, por su parte, se interesó por el conflicto y aconsejó a los visitadores prudencia en sus actuaciones, aconsejándoles que dejaran correr el tiempo a su favor, puesto que “lo temps curave moltes coses que desa calitat parexían insanables”[58]. La intervención de estas instituciones en aras de resolver el conflicto nos demuestra hasta que punto este llegó a ser trascendental en la vida política catalana durante los primeros días de enero de 1609, y como la Visita del General libraba una contienda para asentarse de lleno en el panorama político e institucional de la Cataluña de principios del siglo XVII. Pero a pesar de los gestos hechos por consellers y virrey, los diputados no tenían ninguna intención de cooperar: en vez de aceptar el arbitraje propuesto por el Consell de Cent, aseguraban a los embajadores de la ciudad que no podían tomar ninguna decisión que antes no fuera consultada con las nueve personas elegidas para tratar sobre la detención de Juallar, así como recordaban que tampoco podían desvincularse de la deliberación hecha por la Junta de Braços el dia 14. Es más, aseguraban que en todo caso debían ser los visitadores los que en primer lugar debían retirar todos los procedimientos hechos en el marco de “l’afer Juallar”[59]. De hecho, el día 16 de enero los diputados –después de una resolución de los braços– informaban a los consellers que daban a los visitadores un plazo de tres días para retirar todos los procedimientos hechos en el marco de “l’afer Juallar”: de no obrar los agentes fiscalizadores así, los diputados amenazaban con actuar contra la Visita por una usurpación de las competencias del General[60].

 

Los consellers comunicaron a los visitadores el parecer de diputados y braços el día diecisiete de enero. Durante la misma jornada, los visitadores recibieron la visita del obispo de Barcelona, el cual les pidió que hicieran todo lo posible para acercar posiciones con los diputados, puesto que a pesar de que ambas instituciones tenían “un ministeri tan diferent lo hu del altre” la “auctoritat, jurisdictió y preheminèntia era tan una, que qualsevol d·ells que patís [visitadores o diputados] seria postrar y destruhir tot lo ser de la Generalitat”[61]. Pero a pesar de las presiones ejercidas por los consellers y por el obispo de Barcelona, los visitadores no estaban dispuestos a aceptar la propuesta del día 17, puesto que consideraban que para empezar suponía considerar como culpable una de las dos partes –la Visita– por haber iniciado el procedimiento del «torb». Siguiendo este posicionamiento, el día 18 los visitadores comunicaron a los consellers que solamente se sumarían al arbitraje del Consell de Cent en las mismas condiciones que los diputados. Esta respuesta motivó una nueva embajada de los consellers a la Diputación en la que los primeros comunicaron la postura de la Visita y pidieron a los segundos que transfirieran la gestión del enfrentamiento a los consellers sin condiciones previas, petición que no fue aceptada[62].

 

Aunque despacio, y a pesar de todo los acontecimientos vividos durante los primeros días de 1609, la situación empezó a cambiar paulatinamente a partir del día 20, coincidiendo con la festividad de San Sebastián. Aprovechando que los miembros de la Diputación hacían fiesta, los consellers iniciaron una ofensiva total para convencer a los visitadores, los cuales finalmente accedieron a retirar todos los procedimientos hechos en motivo de la detención de Àngel Juallar. En el cambio de actitud de los visitadores parece que fue fundamental la promesa hecha por parte de los abades captores de no mover al de Sant Martí del Canigó del monasterio de Breda pasase lo que pasase, comprometiéndose a liberarlo en el caso en que los diputados lo ordenaran[63].

 

Una vez conseguido el compromiso por parte de los visitadores, los consellers de Barcelona pudieron presentarse el día 21 ante los diputados con el documento que explicitaba la retirada del procedimiento de «torb» a la Visita hecho por los visitadores, pero de forma un tanto desconcertante los diputados –otra vez a instancia de la Junta de Braços– no aceptaron la anulación porque no era hecha “lisament, conforme a la última resolució dels braços”[64]. Entretanto, los visitadores iniciaron las diligencias para asegurar la finalización de la inspección iniciada en agosto de 1608. Entre los días 22 y 24 de enero hicieron gestiones para conseguir que una comisión de juristas conformada por Miquel Pomet, Felip Dimas Montaner, Pere Aimeric, Jaume Aimeric, Garcia Arista, Pere Boix, Miquel Olzina y Joan de Vilalba emitiera un voto que solucionase el problema legal surgido por la falta de uno de los tres visitadores instructores de procesos. El voto que resolvía este conflicto fue entregado el día 24 y determinaba que los visitadores podían continuar las tareas del consistorio a pesar de la ausencia de Juallar, puesto que la mayor parte de los visitadores continuaban en activo. Además, aseguraba que los visitadores tenían la capacidad de nombrar a un visitador instructor sustituto de entre los visitadores elegidos por el estamento eclesiástico mientras Juallar estuviera ausente. Finalmente, el voto también declaraba que los visitadores podían alargar el periodo de la defensa –instrucción pública– tantos días como se hubieran gastado en las rencillas originadas por la detención de Àngel Juallar[65].

 

Por su parte, los consellers continuaron con su tarea mediadora el día 26 de enero, cuando nuevamente intentaron convencer a los diputados para que aceptaran la renuncia a todos los procedimientos hechos firmada por los visitadores días antes. Este nuevo intento de los consellers fue en vano, puesto que los diputados volvieron a declinar el ofrecimiento. La detención y encarcelamiento del visitador, que es muy probable que hubiera empezado como una maniobra un tanto torpe para evitar el correcto desarrollo de los plazos de la Visita, había derivado en algo mucho más serio: un enfrentamiento entre las dos instituciones del General que no parecía que hubiera de cambiar a corto plazo. Dicho con otras palabras: la mutación del problema había convertido lo que parecía un claro ataque a la jurisdicción del General –de la cual emanaban tanto el consistorio de los diputados como el consistorio de los visitadores– en un contencioso entre las dos principales instituciones de su ámbito para fijar los límites de actuación de la una para con la otra. Este posicionamiento de unos y otros se hizo aún más evidente a partir del mismo día 26, cuando los diputados y los visitadores recibieron una copia de la carta que el nuncio de España, Decio Carafa, había enviado a los abades de Ripoll, Arles y Banyoles instándoles a detener cualquier acto relacionado con el abad de Sant Martí del Canigó. Aunque la carta del nuncio propició que la Diputación retirara el respaldo –más o menos explícito– dado a los abades captores y los declarara finalmente «torbants» del General (30 de enero), los diputados continuaron reclamando la retirada de todos los procedimientos hechos por los visitadores sin condiciones previas y, finalmente, ¡también los declararon «torbants» a ellos![66]

 

La llegada del mes de febrero supuso el enfriamiento de las tensiones entre visitadores y diputados, y progresivamente todos los sucesos derivados de la detención del abad Juallar pasaron a un segundo término. Aun así, el día 10 de febrero los diputados entregaron nuevamente a los agentes fiscalizadores un documento en el que se les instaba a revocar todos los procedimientos hechos consistorialmente que tuvieran relación con la declaración de «torb» contra los abades captores. Al día siguiente los visitadores comunicaban a los consellers de Barcelona esta nueva acción de los diputados ante la cual, viendo los de la ciudad que sus gestiones no generaban los frutos deseados, optaron por comunicar a los visitadores que a partir de aquel preciso instante ellos ya no participarían más en la mediación, dejándoles vía libre para tomar las decisiones que consideraran necesarias[67].

 

Aprovechando que los consellers les habían otorgado total libertad para resolver el “Afer Juallar”, el mismo día 11 de febrero los visitadores escribieron una carta al Nuncio de España en la que aportaban su punto de vista particular sobre el contencioso. En las primeras líneas los visitadores explicaban los hechos que motivaron la captura del abad de Sant Martí del Canigó por parte de sus compañeros benedictinos de Ripoll, Arles y Banyoles para acto seguido exponer todos los contratiempos derivados de su detención. Los agentes fiscalizadores terminaban la epístola suplicando al Nuncio que interviniese en persona para solucionar el conflicto con presteza, para poder así restablecerse la plenitud de la Visita y asegurar que su tarea fiscalizadora llegase a buen puerto[68]. Todo parece indicar que a partir del envío de la carta al Nuncio los visitadores se centraron en la continuación de los procesos típicos de la Visita. Por su parte, los diputados retomaron las discusiones internas sobre la declaración de «torb» contra los abades de Ripoll, Arles y Banyoles durante los últimos días del mes de marzo, a raíz de una suplicación entregada por estos últimos en la que pedían que se les retirara, precisamente, la condición de turbantes de la jurisdicción del General[69].

 

A lo largo de todo el mes de abril, los visitadores mandaron dos representaciones a los diputados en las que pedían nuevamente la excarcelación del abad Juallar. En ambas, los agentes fiscalizadores advertían que era necesaria la presencia de los nueve visitadores para que se votaran correctamente las sentencias de la Visita. También a lo largo del mes de abril tuvieron lugar los últimos debates en el interior de la Diputación para solucionar de una vez por todas la situación, aunque cabe decir que no se apunta con claridad cual fue la postura final que adoptaron los diputados: mientras la mitad de los consistoriales –los diputados eclesiástico y militar y el oidor militar– consideraban que la decisión final sobre si los abades habían cometido o no «torb» en la detención de Juallar tenía que ser tomada por la Junta de Braços, la otra mitad –el diputado real y los oidores eclesiástico y real– se decantaban por enjuiciar a los abades para reparar el daño hecho al General. Estas divisiones afectaron incluso a los asesores de la Diputación: por un lado Miquel Carreras era del parecer que era necesario encarcelar a los abades por su condición de «torbants», mientras que Francesc Aguiló era partidario de exigirles un pago de 1.000 libras barcelonesas a cambio de evitar la prisión[70].

 

La resolución final de “l’afer Juallar” –al menos por lo que respecta a la tormenta política que se había producido entre la Diputación y la Visita– se produjo los últimos días del mes de mayo de 1609. El día 26 el asesor de la Diputación entregó un voto en el que argumentaba jurídicamente por qué los procedimientos hechos por los visitadores a partir de la detención de Àngel Juallar no podían considerarse como «torb» al General[71]. A partir de este momento, las fuentes tanto de la Diputación como de la Visita enmudecen por completo sobre cualquier hecho relacionado con la detención del abad de Sant Martí del Canigó y sus consecuencias. Estamos convencidos que debemos interpretar este silencio como la voluntad de ambas instituciones para finalizar de una vez por todas unas hostilidades que durante los primeros meses de 1609 habían mediatizado la vida pública catalana... y no sólo la catalana: el dia 20 de mayo de 1609 el Consejo de Aragón entregaba un escrito a Felipe III en el que se aconsejaba detener por el momento las gestiones hechas para entregar el monasterio de Sant Martí del Canigó a los jesuítas de Perpinyà “porque se haze muy grande instancia por parte del Principado de Cataluña y de los Presidentes de la dicha orden [benedictinos] en que no se dé lugar a ello”[72].

 

Por otro lado, debemos señalar que poco sabemos de la suerte que corrió el protagonista de tales tensiones durante los meses siguientes. Las fuentes no nos indican si Juallar estuvo prisionero mucho más tiempo en el monasterio de Sant Salvador de Breda, o si fue juzgado por los cargos que sus compañeros de orden le imputaban. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en 1620 escribió al Consejo de Aragón para pedir que se le permitiera nombrar como coadjutor a Melchor Soler de Armendariz para asistirlo en las tareas del monasterio de Sant Martí del Canigó. Por lo tanto, todo parece indicar que conservó su cargo, aunque lamentaba tener “muchos pleytos para cuya prosecución haze falta a su monasterio la major parte del año”[73].

 

Del mismo modo que las tensiones acaecidas entre la Diputación y la Visita durante la inspección de 1605-1606, el “Afer Juallar” de 1608-1609 nos permite analizar los problemas derivados del progresivo encaje de la Visita del General en el sistema institucional de la Cataluña de principios del siglo XVII. En este contexto, hemos podido observar como la institución fiscalizadora de nuevo cuño tuvo dificultades para imponer su autoridad, especialmente sobre la Diputació, pero también sobre otros poderes como el eclesiástico. A pesar de ello, tanto los enfrentamientos de 1605-1606 como los de 1608-1609 creemos que supusieron un gran avance en el posicionamiento institucional de la Visita del General. Buena prueba de ello lo serán el crecimiento de la autoridad del ente fiscalizador, la publicación de distintos impresos entre 1620 y 1636 y la importancia que adquirió la institución durante las Cortes de 1626-1632[74].

 

 

 

 

 

              Una institución en auge y unas Cortes fallidas (1626-1632)

 

Hoy en día la gran mayoría de investigadores están de acuerdo en la importancia que tuvieron las Cortes catalanas para la correcta generación, actualización y desarrollo del derecho que tenía que regir el Principado antes de 1716. A pesar de que a medida que avanzaban los siglos XVI y XVII la distancia entre las convocatorias fue cada vez mayor, los coetáneos eran plenamente conscientes que las reformas necesarias en su sistema político, jurídico, económico y social pasaban obligatoriamente por la reunión de los estamentos con el rey[75]. Asimismo, la monarquía sabía a la perfección que si quería conseguir del Principado un importante donativo económico que permitiera desahogar sus cuentas, tenía que convocar la asamblea catalana. De este modo, en 1626 –cinco años después de haber sido coronado como Rey– Felipe IV estaba dispuesto a viajar a Cataluña para ponerse al día de sus obligaciones –aún no había jurado las Constituciones catalanas[76]– así como para recibir un donativo generoso que le permitiera continuar con su política europea.

 

Las Cortes catalanas de 1626-1632 discutieron varios temas relacionados con la Visita del General de Catalunya, algunos directamente y otros indirectamente. Así, por ejemplo, el día 29 de junio de 1632 el estamento militar solicitó al resto de estamentos que se debatiese la resolución de la querella nº33 de la Visita iniciada en agosto de 1626, querella con la que se quiso castigar a los miembros rectores de la Diputación durante el trienio de 1623-1626 por haberse repartido pagas extraordinarias provenientes del derecho de galeras[77]. Concretamente, los miembros del braç militar propusieron dos medidas: en primer lugar, que se enviara una orden a los diputados y oidores de cuentas para que a partir de este momento no volvieran a hacer este tipo de pagos y, en segundo lugar, que se escribiese a los visitadores de aquel trienio para que publicaran el decreto de ejecución de la sentencia en un plazo máximo de quince días[78]. Aunque no sabemos a ciencia cierta si la propuesta hecha desde el estamento militar tuvo acogida en el resto de braços –puesto que no hemos encontrado más evidencias documentales– es necesario destacar que las Cortes intentaron hacer cumplir la resolución que les había encargado el consistorio de los visitadores. Esta situación nos indica en buena medida que los estamentos consideraban como interlocutor válido el ente fiscalizador, aceptando decisiones del mismo que sobrepasaban sus competencias legales –es importante destacar que ningún precepto del Capítulo 1 «del redreç» de 1599 consideraba la posibilidad de trasladar la decisión sobre la ejecución de una sentencia a las Cortes–.

 

En el transcurso de las sesiones de Cortes y de manera análoga a lo que había sucedido durante las del siglo XVI, los estamentos y la Diputación se enzarzaron en discusiones por varios motivos, pero muy especialmente debido a los conciertos que los sucesivos consistorios de diputados y oidores de cuentas habían realizado con los deudores para con la hacienda del General. De hecho, durante la Visita de 1608 ya se habían elaborado querellas contra los diputados y oidores por este motivo[79]. Parece que el problema aumentó notablemente durante los años siguientes a esta visita, porque en un escrito presentado por el síndico de Figueres a la comisión de dieciocho personas encargadas de los asuntos de la Casa de la Diputació, se afirmaba que diputados y oidores “fan differents concerts y concedexen dilations de temps molt llargues a differents debitors del dit General que tenen patrimoni y hazienda bastant per pagar de present lo que deuen, y dits concerts o acientos fan a efecte de que dits debitors pugan concórrer en la extractió present de diputats y oydors”. La comisión de dieciocho personas incluso alertó que en algunos casos estos deudores habían sido condenados a pagar mediante una sentencia firme hecha por los visitadores[80]. Ante semejante situación, la respuesta de los estamentos no se hizo demorar: en un escrito hecho por los miembros del braç militar y dirigido al braç real se sugería que se dieran instrucciones a la comisión de dieciocho personas encargadas de los asuntos de la Casa de la Diputació, para que esta ordenara a los diputados y oidores de cuentas que no hicieran ningún tipo de conciertos con los deudores y que, en el caso de que se hubieran realizado dichos conciertos durante el tiempo en el que la comisión de las dieciocho personas había residido en la Casa de la Diputació, estos fueran revocados.

 

Durante el tiempo en el que las Cortes de 1626-1632 estuvieron activas, los estamentos lucharon sin descanso para imponer sus directrices sobre la Diputación. Mientras que los primeros estaban muy seguros de la naturaleza de su poder, parece ser que los consistoriales de la Diputación bien no la conocían, bien no querían conocerla. Siguiendo a Víctor Ferro, era evidente que la mayoría de la comunidad política catalana del momento era plenamente consciente que la naturaleza del vínculo que unía a las Cortes con la Diputación era la misma que ataba “un mandant amb el seu mandatari”. Dicho con otras palabras, la Diputación estaba subordinada a las Cortes catalanas porque la primera era una institución delegada de la segunda –es importante saber que en sus orígenes, los diputados habían sido elegidos directamente por los estamentos reunidos en las Cortes cada vez que estas eran convocadas–. Esta situación implicaba que mientras las Cortes eran operativas, tenían la capacidad de “reassumir l’exercici de les atribucions normals de la Diputació, la qual sols conservava durant la celebració de la Cort General aquelles que els Braços li volguessin deixar exercitar”. De acuerdo con esta situación, las Cortes podían reclamar para sí prerrogativas tales como la de insacular y proveer las plazas vacantes de la Diputación, situación que ya se había dado en el pasado. A pesar de ello, en 1632 los diputados y oidores de cuentas decidieron proveer los oficios vacantes sin consultarlo previamente con la asamblea[81].

 

Como era de esperar, los estamentos se percataron inmediatamente de la actitud de los miembros de la Diputación y les recordaron que mientras estuvieran reunidos, las atribuciones en materia de insaculaciones y provisiones de cargos les competían en exclusiva[82]. La situación se complicó por completo cuando la monarquía decidió sacar partido de las tensiones acaecidas entre estamentos y diputados, y entregó a los primeros un escrito donde el mismísimo Cardenal-Infante –que había quedado al cargo de la reunión– les daba un «permiso» especial para supervisar la insaculación de la Diputación por aquella vez solamente. Huelga decir que la representación de Fernando de Austria enervó a los estamentos, generando una polémica que se debatió en una serie de memoriales confeccionados por los abogados de la monarquía por un lado, y los abogados de los estamentos por el otro. En estos escritos se enfrentaron dos concepciones jurídicas totalmente opuestas: la regalista, defendida por Felip Vinyes y que aseguraba que la Diputación era la representación del conjunto formado por los estamentos y el rey en el seno de las Cortes, y la de los estamentos, defendida por sus abogados y que consideraba que el rey Martí l’Humà había cedido el control de la Diputación a los estamentos, siendo desde aquel momento solamente la representación del reino en nombre de los tres estamentos reunidos en Cortes y en ningún caso el conjunto conformado por estos últimos y el rey[83].

 

A pesar de la polémica, los estamentos consiguieron imponer su postura tanto frente a la Diputación como a la Monarquía: el día 17 de julio se extrajeron los habilitadores que tenían como misión cubrir las vacantes existentes en las bolsas de cargos de la Diputación, operación que se hizo bajo el control de la divuitena que supervisaba la actividad de la Casa de la Diputación y, finalmente, el día 22 se extrajeron los nuevos diputados y oidores de cuentas[84].

 

Solucionada esta polémica, Cortes y Monarquía volvieron a medir sus fuerzas poco tiempo después, esta vez por la provisión de los oficios de la Visita del General. El día 2 de agosto de 1632 los estamentos invitaban a los diputados a oficiar la ceremonia de extracción de los visitadores –cuya celebración tuvo lugar el mismo día– y pocos días después (16 de agosto) los visitadores juraban y tomaban posesión de sus cargos[85].

Una vez jurado el cargo, los visitadores dedicaban sus esfuerzos a organizar el proceso de fiscalización. Uno de los momentos más importantes de este periodo, acaecía cuando los nueve consistoriales seleccionaban a los oficiales que  tenían que ayudarlos a desarrollar las tareas de la Visita. Habitualmente este proceso se realizaba de mutuo acuerdo entre todos los consistoriales, quedando nombrados los oficiales por mayoría simple –“a més veus”–, siempre que no se decidiera utilizar otro sistema, previo acuerdo de todos los visitadores[86]. Pese a ello, el consistorio de la Visita que había jurado el 16 de agosto de 1632 no consiguió llegar a un acuerdo y por este motivo, uno de los visitadores –Pere Joan Desgüell– se había dirigido a las Cortes para manifestar su descontento. Por un lado, Desgüell consideraba que se había elegido un número demasiado elevado de cargos, hecho que tenía que comportar forzosamente un dispendio del erario del General; por el otro lado, el abad de Sant Pere de Rodes consideraba que encontrándose las Cortes reunidas quien tenía que efectuar la Visita eran los estamentos, como de hecho quedaba recogido en los procesos de Cortes anteriores[87].

 

Esta actuación de Desgüell motivó una respuesta contundente por parte de sus compañeros de consistorio, los cuales el día 23 de agosto enviaron una embajada a los estamentos con el objetivo de desmentir las acusaciones vertidas contra ellos por el abad de Sant Pere de Rodes. Si la comparamos con la de Desgüell, la versión del resto de los consistoriales de la Visita presenta notables diferencias: según estos, el conflicto en el seno de su consistorio se habría originado en el momento de elegir los oficios de la Visita. De mutuo acuerdo, los visitadores habrían decidido nombrar los oficios siguiendo el mismo procedimiento utilizado por sus predecesores –los visitadores de 1629– esto es, que cada visitador pusiera en un papel aquellos nombres que considerara más aptos para cada oficio y que los más votados fueran los elegidos. En este momento, Desgüell se habría dado cuenta que sus candidatos y los del resto de visitadores no coincidían. Según sus compañeros, el abad

 

“havia declarat son ánimo dels officis que volia per no concórrer ab sa voluntat los demés visitadors, fent-li contradictió y obstacle a la electió que sa mercè havia feta de dits officis dehent que no podia aconseguir lo que havia menester per sos intents, que són estats ben coneguts no nàxer del bon zel del benefici de la cosa pública, axí per lo que està deduhit, eo per ser públich y notori haver-se governat dit Abat en dita declaratió de son ánimo per particulars comoditats e interessos de altres persones”

 

Lisa y llanamente se le acusaba de haberse negado a aceptar el resultado de las votaciones al no ver cumplidas sus expectativas de poder proponer a «sus» candidatos. Fue en este momento –una vez finalizada la votación– cuando Desgüell habría decidido acusar a sus compañeros de consistorio de haber elegido demasiados oficiales, aunque a ojos del resto de visitadores esta era una percepción equivocada, sobre todo si se tenían en cuenta los rumores que indicaban que aquella inspección tenía que ser excepcional. Los visitadores finalizaban su alegato asegurando que Desgüell se había quejado ante las Cortes “sols per a vindicar pròpias passions e interessos, y no ha de servir sinó per a posar impediment e obstacle en que no·s fassa justítia en esta Visita y dexen de restar punits i castigats los desordes y excessos comesos per los officials del General”[88].

 

El enfrentamiento en el seno del consistorio de la Visita generó interés entre los estamentos reunidos en las Cortes, los cuales el mismo día deliberaron que se hiciera una representación a los visitadores. En esta, los estamentos pidieron a los agentes fiscalizadores que les presentaran un escrito que en el que se detallara el estado de la Visita, tanto de los procedimientos hechos hasta al momento como de la lista de oficiales nombrados para poder estudiarlos: mientras durase esta investigación, los estamentos prohibieron que los visitadores pudieran recibir dinero alguno[89]. La réplica de los visitadores –excepto el abad Desgüell– fue presentada ante los estamentos el día 26 de agosto de 1632. Según el escrito, que como habían pedido las Cortes recogía todos los procedimientos hechos por los visitadores desde su constitución como tales, el día 17 los agentes fiscalizadores habrían pactado que la elección de los oficiales siguiera el mismo sistema que el utilizado por la Visita de 1629. Para ello, el dia 18 se había encargado a los visitadores Joan Tarragó y Llorenç Font la elaboración de un memorial con los nombres de las personas en disposición de optar a un oficio de la Visita. El día siguiente se había presentado la lista a todos los consistoriales, los cuales habían deliberado que cada cual escogiera a los que considerara más oportunos. Según el escrito presentado a las Cortes, fue en este momento cuando el abad Desgüell presentó al resto de sus compañeros un memorial que contenía el método utilizado para proveer los oficios de la Visita durante la inspección de 1614 –en la que el mismo Desgüell había participado también como visitador–. Ante esta situación, los consistoriales decidieron aplazar la decisión sobre la provisión de oficios. El día 20, una vez constatado que Desgüell no quería participar del pacto suscrito por el resto de agentes fiscalizadores, estos le propusieron por escrito que eligiera una parte de los oficiales a su arbitrio. Aún así, el abad de Sant Pere de Rodes se presentaba el día siguiente ante el consistorio para nombrar a título personal todos los oficiales de la Visita que le parecieron convenientes, para acto seguido zafarse y no volver a aparecer en él, a pesar de las demandas de comparecencia que le enviaron sus compañeros. Ante esta situación, el resto de visitadores optaron por hacer también ellos el nombramiento de los oficios de la institución. En el escrito presentado por los visitadores a los estamentos se exponía con total claridad que el gasto total de la Visita estaba presupuestado en no más de 8.000 libras barcelonesas, así como también se remarcaba que la cantidad total de oficiales de la institución era inferior al de la inspección anterior[90].

 

Llegados a este punto, la situación se complicó aún más. Del mismo modo que había ocurrido anteriormente con el debate entre las Cortes y la Diputación acerca de las insaculaciones de esta última, la Monarquía recriminó a los estamentos su intento de control sobre la Visita. A partir de la documentación conservada en el Archivo de la Corona de Aragón hemos conseguido seguir la disputa que la intervención sobre la Visita generó entre los ministros regios y los estamentos. Acorde con una consulta del Consejo de Aragón con fecha de 29 de agosto de 1632[91], el secretario real Juan Lorenzo de Villanueva expresó su enojo cuando conoció que “los Braços, agora de nuevo, continuando la pretensión que solos sin decreto del Rey pueden disponer libremente de todo lo que toca aministratión del General, han mandado a los visitadores […] no procedan en la Visita, y han mandado a los deputados presentes y officiales del General no les obedescan”. Villanueva creía que los estamentos habían utilizado la polémica entorno a las provisiones de los oficios de la Visita para significarse nuevamente ante el poder real. El secretario consideraba que “estos procedimientos son de mal exemplo” y que, en definitiva, era necesario “reprimir estas actiones”. El lenguaje utilizado por Villanueva demuestra hasta que punto la situación entre los estamentos y la Monarquía era tensa. La Junta de Cortes estudió el caso y en un escrito dirigido al Cardenal-Infante expuso las “razones que concurren para que se haga demostración contra los 3 brazos de las presentes Cortes por haber hecho solos sin licencia de Vuestra Alteza (cabeza dellas) mandatos a los Visitadores de la Diputación, impidiendo su exercicio”. Continuaba el escrito considerando que “parece de conformidad” que los estamentos habían “delinquido en eso” al haber usurpado una jurisdicción “que no les toca” sin la licencia del monarca. Además hacían hincapié en que “son los particulares que votaron en esto dignos de castigo”. Por todo lo dicho, la Junta de Cortes aconsejaba al Cardenal-Infante obrar del siguiente modo: 1- En primer lugar, le proponían que enviara una orden a todos los estamentos para que revocaran las gestiones hechas sobre la Visita, por ser estas nulas y contra los capítulos de las constituciones catalanas. 2- En el supuesto que “desso se originase replicar”, la Monarquía debía plantearse como conseguir imponer su posición, fuera por la vía de regalía, fuera por la vía del judicium in curia datum[92]. Sin embargo, todo parece indicar que no fue necesario llegar a este último extremo.

 

Aunque el día 1 de septiembre los estamentos recibieron una cédula real de parte de Fernando de Austria en la cual se les instaba a revocar y anular “ditas deliberations ab tot lo d·elles seguit, de manera que no puguen ésser tretas a conseqüència”[93], el temporal apaciguó: muy probablemente, el enfrentamiento por este asunto se fue desvaneciendo sin solucionarse como lo hicieron las propias Cortes. Asimismo nos lo indica la documentación conservada: la última noticia relacionada con este asunto está datada a 30 de septiembre de 1632. Este día, Pere Joan Desgüell presentó una suplicación ante las Cortes en la que se instaba a los estamentos a actuar contra sus compañeros de consistorio por haber recibido los primeros pagos para empezar la Visita, lo que nos indica que se habría hecho caso omiso de la representación enviada por los estamentos el día 23 de agosto. A pesar de todo, la Visita parece que seguía adelante[94].

 

En resumen, la Visita del General de Catalunya estuvo presente en los debates de las Cortes catalanas de 1626-1632 y lo hizo de forma tanto implícita como explícita. La posición cada vez más sólida de la institución dentro del marco institucional catalán de la primera mitad del siglo XVII se hace patente también a partir del hecho que las Cortes, la Diputación y la Monarquía consideraron a la institución fiscalizadora como un interlocutor perfectamente válido dentro del sistema político-institucional del Principado. El debate surgido a partir del enfrentamiento entre el abad Desgüell y el resto de visitadores trasladó de nuevo la actualidad de la Visita al interior de las Cortes catalanas, como ya había sucedido durante el siglo XVI. Finalmente, es importante no olvidar que la legislación tocante a la institución no se modificó durante las Cortes de 1626-1632. La finalización del encuentro sin acuerdo entre la Monarquía y los estamentos condenó a la institución fiscalizadora –así como a todo el derecho público catalán– a seguir rigiéndose por las leyes aprobadas en la cita de 1599.

 

***

 

Con la llegada de la década de los años 40 del siglo XVII, el Principado de Cataluña vivió numerosos cambios que afectaron plenamente su vida política, económica y social. El episodio del Corpus de Sangre (7 de junio de 1640), la posterior invasión de Cataluña por parte de los ejércitos reales comandados por el marqués de Los Vélez y la entrega a la desesperada del Principado a Francia que hicieron los miembros de la clase dirigente catalana a principios de 1641 modificaron el escenario notablemente[95]. En este sentido, la década inauguró un período de restricciones para con la Visita del General que limitaron la acción de la institución notablemente, especialmente en el terreno económico[96]. Dichas restricciones no fueron sino el antesala de las profundas modificaciones que la Monarquía introduciría en el sistema fiscalizador a partir de 1659 y hasta 1675, reformas que afectaron la calidad de las sentencias, la elección de los miembros y la capacidad económica de la Visita del General respectivamente[97].

 

 

Conclusiones: el espacio de la Visita del General de Catalunya en el marco de las instituciones fiscalizadoras presentes en la Monarquía Hispánica de los Austrias

 

Llegados a este punto, es necesario volver sobre nuestros pasos para acto seguido poder reflexionar sobre el papel que deberíamos asignar a una institución como la Visita del General de Catalunya dentro del marco general de la Monarquía Hispánica de los Austrias. En primer lugar, hemos hecho un breve repaso historiográfico entorno a los sistemas de fiscalización presentes dentro del espacio de la Monarquía Hispánica, haciendo hincapié en la falta de estudios que se hayan interesado por la historia política de los mismos. Seguidamente, hemos comprobado como la Visita del General de Catalunya, cuya legislación se aprobó en el marco de las Cortes catalanas de 1599, ya en 1605 tuvo que lidiar con las otras instituciones catalanas para determinar su espacio jurisdiccional. Los problemas jurisdiccionales continuaron en 1608-1609: la Visita iniciada en agosto de 1608 vio como su autoridad quedaba en entredicho ante la detención de uno de sus visitadores. Aun así, sus compañeros no dudaron en enfrentarse a la Diputación y a los estamentos para conservar sus prerrogativas. Por último, hemos visto que durante el transcurso de las Cortes catalanas de 1626-1632 estamentos, Diputación y Monarquía tuvieron sus diferencias en torno a la Visita del General. Aunque esta última consiguió mantener su independencia –en buena medida gracias al propio desarrollo de las sesiones de Cortes–, a partir de 1640 vio como su autonomía quedaba fuertemente cuestionada en el terreno económico y organizativo, entrando en un contexto de reformas que agravaron su situación a partir de 1652.

 

Es una evidencia que la Visita del General de Catalunya debe situarse dentro de la tradición fiscalizadora existente en los territorios peninsulares y americanos de la Monarquía Hispánica por cuanto dichos territorios compartían una base jurídica común –el derecho romano– que en realidad lo era también de otros territorios europeos. Del mismo modo y sabiendo que durante los siglos XVI, XVII y los primeros años del XVIII convivieron bajo el mismo techo de la Monarquía sistemas jurídicos diferenciados para los territorios de Castilla y Aragón, conviene destacar las notables diferencias existentes entre la institución catalana y los sistemas fiscalizadores presentes en la Corona de Castilla y en las Indias que podemos resumir en: 1. En primer lugar, el propio poder jurisdiccional que establece la institución: mientras que en los ámbitos castellano, indiano e italiano los sistemas fiscalizadores dependen directamente de la figura del monarca, en el caso de la Visita del General esta depende del poder que le transmitieron las Cortes en tanto que reunión entre los estamentos y el rey[98]. 2. Mientras que en los sistemas fiscalizadores controlados directamente por la monarquía no encontramos la necesidad de reafirmar su comportamiento como instituciones independientes –la autoridad del oficial real no parece cuestionarse–, como hemos visto en el caso de la Visita del General esto es una constante. Añadimos a esto el hecho que la institución catalana incluso generará su propio Dietario institucional, del cual hemos sacado amplias informaciones y del que se conservan cerca de treinta volúmenes en el Archivo de la Corona de Aragón. 3. En tercer lugar, la capacidad que tuvieron los sucesivos consistorios de visitadores para autoconstruir una imagen de la institución a la que representaban no tiene parangón –que nosotros sepamos– en otras instituciones fiscalizadoras[99]. 4. Finalmente, cabe añadir que las sentencias promulgadas por los visitadores debían ajustarse a derecho. A diferencia de por ejemplo la Visita real, la inspección de los visitadores no podía indagar en el comportamiento de los oficiales visitados fuera de su oficio, ni mucho menos cuestionar aspectos de su vida privada tales como la moralidad[100]. Se trataba de querellas que debían fundamentarse bajo el amparo del derecho vigente y que en el caso de no ser así eran fácilmente vencidas por los abogados defensores[101].

 

En definitiva, la existencia de distintos sistemas de fiscalización dentro de la Monarquía Hispánica de los Austrias creemos que nos confirma dos ideas nada desdeñables e intrínsecamente relacionadas: por un lado, pone de relieve las (notables) diferencias entre los ordenamientos legales de los distintos reinos que conformaron su estructura política y, del otro lado, consideramos que es otra pieza más que nos ayuda a entender el porqué de su riqueza histórica, política y cultural.

 

 

 



* Artículo recibido el 1 de octubre de 2015. Aceptado el 15 de mayo de 2016.

** Este estudio se enmarca dentro del proyecto de tesis doctoral “La Visita del General de Catalunya: la institució i el seu encaix en el sistema institucional català altmodern (ss. xvi-xviii)”, dirigida por el Dr. Antoni Simon Tarrés y que cuenta con el respaldo del Grup de Recerca en Història Moderna Manuscrits (2014 SGR 232), del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autonòma de Barcelona. ORCID ID: 0000-0001-8896-8486

[1] La Visita real, ya sea en su modalidad peninsular como en su modalidad indiana ha estado tratada, entre otros, por los siguientes investigadores: Guillermo CESPEDES DEL CASTILLO, “La Visita como institución indiana”, Anuario de Estudios Americanos, III, 1946, pp. 984 y ss.; Ismael SÁNCHEZ BELLA, “El Juicio de Visita en Indias”, en IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, 1976, pp. 579-626; Manuel RIVERO RODRIGUEZ, “Buen gobierno y ejemplaridad: la Visita del Consejo de Italia”, en Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica. Congreso internacional “Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II (Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998), vol. 1, tomo II, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 705-730; M. Dolores ÁLAMO MARTELL, “El visitador Lorenzo Santos de San Pedro y la Real Audiencia de Canarias”, Anuario de Estudios Atlánticos, 57, 2011, pp. 251-276. Por su parte, Tamar Herzog ensayó un estudio global sobre los mecanismos de fiscalización de los oficiales regios en América que podemos considerar el más completo estudio hecho sobre la temática hasta la fecha: Tamar HERZOG, Ritos de control, prácticas de negociación: Pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750), Madrid, Fundación Hernando de Larramendi,  2000.

[2] Entre otros, han trabajado esta temática los siguientes autores: Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, “El juicio de residencia en Castilla”, Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), 48, 1978, pp. 193-247; «Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el Antiguo Régimen (Corona de Castilla, siglos XIII-XVIII)», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 4, 2000, pp. 249-272; Carlos GARRIGA, “Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la «visita» del ordenamiento de Toledo (1480)”, AHDE, 61, 1991, pp. 215-390 Mª José COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, “El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina jurídica de la edad moderna”, Historia. Instituciones. Documentos., 25, 1998, pp. 151-184; Elena Quintana Orive ha estudiado recientemente los precedentes romanos del juicio de residencia y la recepción de estos mismos en Castilla durante el periodo bajomedieval en Elena QUINTANA ORIVE, “Precedentes romanos del «juicio de residencia»”, Revista General de Derecho Romano, 20, 2013, pp. 1-17; hay que destacar también los estudios dedicados al análisis de los juicios de residencia en territorios de jurisdicción señorial, dónde el señor podía escoger tanto al gobernador de los territorios como a la persona que ejercía la fiscalización. Sobre estos en concreto, vid. Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ, Control y responsabilidad en la administración señorial. Los juicios de residencia en la casa del Infantado (1650-1788), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1991; Laureano RUBIO PÉREZ, Visitas, juicios de residencia y poder concejil en la Provincia de León. Mecanismos de control en el marco del Régimen Señorial durante la Edad Moderna, León, Universidad de León, 1998. Por lo que respecta al juicio de residencia indiano, cabe destacar entre otros el trabajo fundamental de José María MARILUZ URQUIJO, Ensayo sobre los Juicios de Residencia indianos, Sevilla, Escuela de estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1952; desde un enfoque más centrado en la antropología vid. Silvana SMIETNIANSKY, “El juicio de residencia como ritual político en la colonia (gobernación de Tucumán, siglo XVIII)”, Memoria Americana, 15, 2007, pp. 71-101.

[3] Teresa CANET APARISI, “Procedimientos de control de los oficiales regios en la Corona de Aragón”, Estudis: Revista de historia moderna, 13, 1987, pp. 131-150; De la misma autora “Entre la Visita y la sucesión. La resistencia a la virreinalización administrativa en Valencia entre Carlos V y Felipe II”, Estudis: Revista de historia moderna, 28, 2002, pp. 205-240; Teodoro HAMPE MARTÍNEZ, “Don Pedro de la Gasca. Visitador General en el Reino de Valencia (1542-1545)”, Estudis: Revista de historia moderna, 13 (1987), pp. 75-98; también Pier Luigi ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e societa’ nella Napoli del seicento, Nápoles, Jovene Editore, 1981, pp. 75-227.

[4] Según la legislación aprobada en las Cortes catalanas de 1599 (capítulo de Corte 5/1599), la visita real debía celebrarse cada cuatro años: Cfr. Constitutions fetes per la S.C.R. Magestat del rey don Phelip segon, rey de Castella, de Aragó & etc, en la primera Cort celebrà als cathalans en la ciutat de Barcelona en lo Monastir de S. Francesch en lo any 1599, Gabriel Graells i Giraldo Dotil, Barcelona, 1603, f. 21r. Pero a pesar de lo dispuesto por el capítulo de Corte 5/1599, durante todo el siglo XVII se celebraron solamente seis visitas reales (1604, 1611, 1635, 1654-55, 1656 y 1678-79). Cfr. Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2003, p. 175.

[5] Vid. por ejemplo: John H. ELLIOTT, La revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d’Espanya, Valencia, PUV, 2006 (1a Ed. 1963), pp. 326-327; Manel GÜELL JUNKERT, Camí a la Revolta (1625-1640), Lleida, Universitat de Lleida, 2008, esp. 70 y ss.

[6] Pedro LLINÁS ALMADANA, Pedro, “La Visita del General: el procedimiento de control de los funcionarios dependientes de la Diputació del General de Catalunya (1653-1701)”, Pedralbes: revista d’història moderna, 10, 1990, pp. 177-192; Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUÉS, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (des dels seus orígens fins a la reforma de 1413), Barcelona, Sindicatura de Comptes, 1996; Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya: des de la reforma de 1413 fins al final del regnat de l’emperador Carles I, el 1556, Barcelona, Sindicatura de Comptes, 2004; Josep CAPDEFERRO PLA, “El vigor de les institucions de la Terra en la vigília dels Segadors”, en Una relació difícil: Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX), Barcelona, Editorial Base, 2007, pp. 47-84; Eva SERRA PUIG, “Territori i inspecció fiscal: la Visita del General del 1600”, en Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII, Barcelona, 2012, pp. 165-284; Ricard TORRA PRAT, “La Visita del General de Catalunya. Una institució desconeguda (segles XVI-XVIII)”, Afers: fulls de recerca i pensament, 77, 2014, pp. 149-171; Ricard TORRA PRAT, “Mites o realitats? Sobre el paper de les Corts catalanes altmodernes com a generadores de dret. El cas de la Visita del General”, Estudis: Revista de historia moderna, 40, 2014, pp. 115-132. A su vez, el estudio de la visita de la Diputació del General del reino de Valencia ha sido planteado recientemente por José Mª CASTILLO DEL CARPIO, La Generalitat valenciana durante el siglo XVI. Su estructura burocrática, sus competencias, sus hombres, Valencia, PUV, 2013, pp. 122-136.

[7] Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement [...], op. cit.

[8] Ibid., p. 171.

[9] Geltrude MACRI, “Visitas Generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico”, Mediterranea. Ricerche storiche, 13, 2008, pp. 385-400.

[10] Asegura Víctor Ferro en su obra clásica, que para la doctrina pactista vigente en Cataluña durante el periodo previo al Decreto de Nueva Planta de 1716, además del monarca y en cierta contraposición respecto el mismo existió un segundo elemento con voluntad y voz propias, capaz de adquirir derechos y asumir obligaciones ante el monarca: la comunidad de todos los súbditos. En el Principado, dicha comunidad era conocida como «General o Generalitat». La plena expresión colectiva de esta comunidad –los braços convocados por el Rey– acaecía durante la celebración de las Cortes. Víctor FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1999 (1a ed: 1987), pp. 137-138.

[11] El Capítulo 1 «del redreç» de 1599 en Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya fets en las Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del sereníssim senyor Rey Don Felip II de Aragó y III de Castella, en lo any 1599, Barcelona, 1704, pp. 4-10. En las Cortes catalanas de 1599 los Braços (estamentos) crearon una nueva institución –la Visita del General de Catalunya– cuyo objetivo tenía que ser «reprimir los excessos y desordes fins assí per los Diputats y Oydors de Comptes, Assessors y Advocat Fiscal, y altres officials del General fets», esto es, fiscalizar la actuación de los oficiales de la Diputació del General (o Generalitat) después de que estos finalizaran para con sus responsabilidades públicas. Para realizar semejante tarea, la institución se dotó de un carácter colegiado: liderada por nueve visitadores –tres eclesiásticos, tres militares y tres del estamento real– extraídos entre los candidatos presentes en las bolsas de diputados y oidores de la Diputació del General mediante el sistema de la insaculación y en el marco de una ceremonia supervisada por los Braços –en tanto que emanación de las Cortes–, la Visita se iniciaba con cada nuevo trienio de la Generalitat y durante nueve meses los visitadores, con la ayuda de asesores jurídicos, escribanos, calculadores y demás personal auxiliar tenían como meta principal presentar, fortalecer, juzgar y sentenciar las actuaciones no lícitas cometidas por los oficiales de la Diputación que habían ejercido sus responsabilidades los anteriores tres años. Ricard TORRA PRAT, “La fiscalización de la actividad de los oficiales de la Generalitat de Cataluña en la época moderna. La Visita del General de Cataluña y su funcionamiento”, Cuadernos de Historia del Derecho, 22, 2015, pp. 295-317.

[12] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 6r-8v, 9, 11v, 12v, 13v-14r, 32r, 43r.

[13] Por ejemplo, el día 17 de septiembre de 1605 los visitadores convocaron a los doctores de la Real Audiencia Jeroni Torner (Regente la Cancillería), Jaume Pineda (abogado fiscal) y Josep Ferrer (juez de Corte) para que los aconsejaran sobre la petición que les había hecho el procurador fiscal de la Visita, Josep Abril, para apartar del proceso fiscalizador de los diputados y oidores de cuentas del trienio anterior al visitador Francesc de Marimon, por el solo hecho de estar casado con la prima del ex-oidor de cuentas Paulo Pla. La documentación parece indicar que, a pesar de ello, los doctores de la Real Audiencia habrían aconsejado a los visitadores que no aceptaran la suplicación presentada por el procurador fiscal de la Visita. ACA, Generalidad, Serie VG, f. 51r-53v y 56r-57v.

[14] El procedimiento de «dubte» fue una herramienta legal (capítulo «del redreç» 39/1599) que las Cortes de 1599 otorgaron a los diputados para interpretar aquellas dudas que tuvieran sobre los capítulos de Corte. Mediante esta, cuando los miembros de la Diputación dudaban sobre la interpretación de esta legislación podían convocar a sus asesores para que sin variar las palabras contenidas en las leyes, les resolvieran sus dudas. En el caso que se atentase contra la naturaleza del capítulo de Corte sobre el que se había interpuesto este procedimiento, los diputados y los asesores podían ser procesados en la siguiente Visita. Capítols per lo redrés [...], op. cit., pp. 67-68.

[15] Aunque la inspección se hacía sobre los oficiales de la Diputación del trienio anterior, la naturaleza de algunos de los cargos implicaba que fueran por más de un trienio o vitalicios. Este era el caso, por ejemplo, de los asesores de la Diputación, que ejercían durante 6 años, o el racional, que en algunos casos llegó a ejercer el cargo de forma vitalicia. En estos casos, los visitadores tenían la potestad de suspenderlos de empleo y sueldo si la gravedad de los delitos cometidos lo requería. Sobre los cargos de la Diputación, vid. Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General de Catalunya (1413-1479), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2004, esp. 139-268.

[16] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 157v.

[17] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 167r.

[18] Durante la primera mitad del siglo XVI y coincidiendo con las convocatorias de Cortes, una comisión de visitadores designados «ad hoc» por los estamentos fiscalizaba la actuación de la Diputación. Como hemos defendido recientemente, es muy probable que los resultados de esta fiscalización se utilizaran para la confección «del redreç» del General. Ricard TORRA PRAT, “La Visita del General [...]”, art. cit., pp. 152-153.

[19] Es importante recalcar que el concepto “embajada” –en la documentación original “embaxada”– tenía para los coetáneos un significado mucho más vago que en la actualidad. Cuando diputados o visitadores mandan una embajada a otra institución se refieren a una representación que normalmente tiene como objetivo principal presentar su punto de vista en una determinada cuestión. Así pues, nosotros utilizamos “embajada” como traducción literal de la acepción presente en la documentación original.

[20] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 167v-169r. Algunas noticias sobre esta polémica también las encontramos en Dietari de la Generalitat de Catalunya (DGC), vol. III, pp. 527-529.

[21] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 153r-153v.

[22] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 183r-183v. Todo parece indicar que el voto de los miembros de la Real Audiencia dotó de seguridad jurídica a esta fórmula concreta de establecer el inicio de la fiscalización por parte de los visitadores, puesto que a partir de este momento estos empezaron el periodo de la ofensa cada 15 de septiembre (excepto en el caso concreto de la Visita iniciada en abril de 1654, fruto de la reorganización institucional posterior al final de la Guerra dels Segadors). Cfr. ACA, Generalidad, Serie G, 6/8.

[23] La tarea del exactor del General consistía básicamente a perseguir los deudores para con la Diputación. Cfr. Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La Diputació del General [...], op. cit., p. 234.

[24] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 151r-151v.

[25] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 155r-155v. El voto de los juristas convocados por la Diputación en DGC, vol. III, p. 530.

[26] Vid. supra, p. 12.

[27] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 173v-175v.

[28] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 177v-178v.

[29] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 179v-180r. El Dietari de la Generalitat también recoge esta noticia, si bien la datación de la misma –2 de marzo– difiere respecto a la que presenta el Dietari de la Visita. DGC, vol. III, p. 532.

[30] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 180r-181r.

[31] Sobre esta institución vid., Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera, 2009, esp. 71-110.

[32] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 183v-184r.

[33] DGC, vol. III, p. 533.

[34] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 188r-189v.

[35] DGC, vol. III, p. 534.

[36] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 190r-191r. Es importante remarcar que no todos los visitadores se sumaron a esta iniciativa. Francesc de Marimon y Miquel Astor no querían “saber ningunas cosas d·estas” mientras que Francesc Corts consideraba que los tres estamentos no tenían el poder de decidir nada al respecto.

[37] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 193r-193v.

[38] ACA, Generalidad, Serie VG, 240, 194r-194v. La embajada de los visitadores a los diputados en DGC, vol. III, p. 536.

[39] Galceran de Peguera fue procesado en la querella nº3 de la Visita iniciada en agosto de 1608. En el índice de las querellas presente en el Dietari de la Visita de aquel trienio, se deducen las motivaciones de la mencionada querella: “Per aver fet pendre més plom que era menester per a plomar la roba que·s despatxa en la bolla y General, atenent més a son propi benefici y utilitat que a la de la Generalitat, contra la obligatió del jurament per ell prestat. Y per aver fet los ploms més pessats del que tenian obligatió, conforme desliberacions del consistori de la casa de la Diputació y contra disposició de diversas sentèncias fetas y proferides en les altres Visites del General”. ACA, Generalidad, Serie VG, 34. El índice de las querellas se encuentra al inicio del Dietari.

[40] Cfr., Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta catalana de 1640, Barcelona, Universitat Autonoma de Barcelona, 2002, pp. 55-57. Tesis Doctoral disponible en formato electrónico en http://tdx.cat/handle/10803/4796.

[41] Fueron elegidos visitadores Jaume Bergadà –canónigo de Vic–, Jaume Saconomina –canónigo de Girona– y Àngel Juallar –abad de Sant Martí del Canigó– por el estamento eclesiástico; Llorenç Descatllar, Joan Gabriel Babot y Jaume Pau de Belloc i Vilanova por el estamento militar; Jeroni Montsó –ciudadano honrado de Lleida–, Joan Francesc Rossell –doctor en medicina y ciudadano de Barcelona– y Joan Rafel Ferrer –ciudadano honrado de Girona– por el estamento real. ACA, Generalidad, Serie VG, 34, s/f.    

[42] Dietari de Jeroni Pujades, vol. II, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1975, p. 82. La versión de Jeroni Pujades contradice el contenido de una consulta del Consejo de Aragón en la que se especifica que fueron los ministros reales los que propusieron que el monasterio de Sant Martí del Canigó pasara a los jesuitas de Perpinyà a propuesta del obispo de Elna. Según la consulta, Juallar no tenía que recibir ninguna compensación económica ni pensión vitalicia, sino que tenía que ser promovido a otra abadía. ACA, Consejo de Aragón, legajo 268, 2-VIII-1608. En cuanto a la acusación de los abades, la encontramos en DGC, vol. III, p. 908.

[43] DGC, vol. III, pp. 897-898.

[44] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 31-XII-1608. Del mismo modo que el Dietari de la Visita, el Dietari de la Generalitat de Catalunya también se hace eco de la noticia: “En aquest die, cerca les hores de vespre, anà misser Miquel Rollan a casa del senyor oïdor ecclesiàstic a ont entenia ere lo senyor deputat ecclesiàstic y digué a dit deputat ecclesiàstic la presa havien feta lo president de la religió de Sant Benet ab altres abbats de dita religió de la persona del abbat Juallar, hu dels visitadors de la visita que vuy en dia se fa y que axí fa tant hu dels visitadors que no.y havie bras ecclesiàstic y per conseguent no poder-se deliberar cosa alguna en la visita per ço ere torb manifest a la Generalitat y axí ho feye a saber al dit senyor deputat ecclesiàstic per a què ajustan lo consistori done raó del dit cas”. DGC, vol. III, p. 615.

[45] DGC, vol. III, p. 616.

[46] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 1-I-1609.

[47] DGC, vol. III, pp. 616-617.

[48] DGC, vol. III, pp. 897-898. En el voto, los visitadores hacían ver a los diputados que si la detención de Àngel Juallar se alargaba en el tiempo se corría el riesgo de no poder sentenciar las querellas de la Visita, puesto que según ellos eran necesarias las firmas de todos los visitadores.

[49] DGC, vol. III, p. 617. En la misma Junta de Braços también tomó parte Miquel de Cruïlles, que según Joan Lluís Palos fue uno de los principales instigadores de la denuncia de la supuesta venda del monasterio de Sant Martí del Canigó. También gracias a Joan Lluís Palos sabemos que Miquel de Cruïlles era pariente de Jofre de Cruïlles, miembro de la Diputación que estaba siendo fiscalizado por los visitadores liderados por Àngel Juallar. Joan Lluís PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo, 1997, pp. 56-60.

[50] La comisión encargada del estudio de la detención de Juallar estuvo conformada por las siguientes personas: el obispo de Barcelona, Ramon Iborra, el canónigo Coll de Urgell y el comanador Junyent por el estamento eclesiástico; Joan Burguès i de So, Miquel de Cruïlles, Guillem Iborra y Francesc Cornet por el estamento militar; Francesc Palau, Vicens Castelló, Bernat Romeu y Rafel Laudes por el estamento real; Pere Aylla, Jaume Aimeric, Montserrat Ramona, Francesc Aguiló, Lluís Bertran y Josep Quintana en calidad de doctores expertos en derecho. Posteriormente, Jaume Aimeric fue sustituido por micer Tristany porque los diputados consideraban que tenía algunos intereses en esta causa. DGC, vol. III, pp. 618-619.

[51] Ibidem, pp. 898-899.

[52] La carta del abad de Sant Salvador de Breda y la decisión de apartar a Josep Quintana del asunto en DGC, vol. III, p. 619.

[53] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 5-I-1609. El virrey aceptó las explicaciones dadas por los visitadores: según estos últimos, no estaban asediando el monasterio, sino que solamente habían puesto una guardia delante del mismo para evitar que Àngel Juallar fuera trasladado a Francia.

[54] Sobre la convocatoria de los ocho juristas, vid. ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 6-I-1609. Los juristas fueron: Pere Aimeric, Jaume Aimeric, Joan de Vilalba, Francesc Nogués, Garcia Arista, Miquel Olzina, Lluís Vidal y Antoni Vinyola. Respecto a la carta enviada por el delegado de la Diputación a los diputados, vid. DGC, vol. III, p. 899.

[55] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 7-I-1609, 8-I-1609 y 9-I-1609. También DGC, vol. III, p. 620.

[56] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 10-I-1609, 11-I-1609, 12-I-1609 y 13-I-1609. Según el Dietari de la Generalitat, los diputados habrían mudado su opinión después de escuchar la suplicación que les habían entregado los abades acusados de la detención de Juallar el día 11 de enero. DGC, vol. III, p. 620. Por otra parte, es importante tener en cuenta que durante el día 12 de enero, tanto los diputados como los visitadores recibieron una embajada de parte del Consell de Cent en la que los consellers se ofrecían a mediar en el conflicto abierto entre los dos consistorios del General.

[57] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 14-I-1609. El voto de los asesores de la Diputación instando a los diputados a declararse competentes para declarar o no el supuesto «torb» a la Visita a raíz de la detención de Àngel Juallar en DGC, vol. III, p. 623-624. Por otra parte, la Junta de Braços convocada por los diputados reunió a un total de 77 personas de los tres estamentos (8 eclesiásticos, 59 militares y 10 reales). La lista de los asistentes se puede consultar en DGC, vol. III, p. 625. Finalmente, en cuanto a las nueve personas de los tres estamentos convocadas por los diputados para reforzar la actuación de sus asesores jurídicos dedicados al estudio del caso de Juallar estos fueron: el canónigo Prat de Bigues, el canónigo Cornet y el sacristán Junyent por el estamento eclesiástico; Bernat de Pinós, Alexandre d’Alentorn y Josep de Bellafilla por el estamento militar; Rafel Cervera, Magí Grau y Anton Seragut por el estamento real. DGC, vol. III, p. 626.

[58] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 15-I-1609.

[59] DGC, vol. III, pp. 627-628. Resulta un tanto sorprendente la dependencia de la Diputación respecto las Juntes de Braços que ella misma había convocado, sobre todo si tenemos en cuenta que las Cortes de 1599 habían ratificado la prohibición de las Juntes vinculantes –«divuitenes»– aprobadas en la convocatoria de 1585. Pensamos que es pertinente preguntarse hasta que punto esta actitud por parte de la Diputación era debida a una estrategia dilatoria para evitar que la Visita llegara a buen puerto o si por el contrario las Juntes de Braços continuaban gozando de un poder notable a la Cataluña de la primera mitad del siglo XVII. Sobre las «Juntes de Braços» vid. Miquel PÉREZ LATRE “Juntes de Braços i Diputació del General (1587-1593): «Un presidi de cavallers conspirants contra sa Magestat»?”, en Pedralbes: revista de historia moderna, 13-1, 1993, pp. 281-298. 

[60] DGC, vol. III, pp. 629-630. En la misma carta, los diputados también hacían saber que la retirada de los procedimientos hechos por la Visita era una condición «sine qua non» para que la Diputación convocara nuevamente a los braços para buscar una salida negociada al conflicto.

[61] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 17-I-1609.

[62] El posicionamiento de los visitadores en ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 18-I-1609. La embajada de los consellers a la Diputación y la respuesta posterior de los diputados en DGC, vol. III, pp. 630-631. La razón que esgrimieron los diputados por negarse a aceptar el arbitraje sin condiciones propuesto por el Consell de Cent era que estaban plenamente convencidos que con el procedimiento de «torb» iniciado por los visitadores las prerrogativas de la Diputación habían sido usurpadas, elemento que solamente se podía reparar con la retirada de dicho procedimiento.

[63] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 20-I-1609.

[64] DGC, vol. III, pp. 631-632.

[65] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 22-I-1609, 23-I-1609 y 24-I-1609. A diferencia de la Visita que se realizó entre 1605 y 1606, los visitadores no contaron esta vez con la ayuda jurídica de los miembros de la Real Audiencia de Cataluña para resolver sus dudas legales, puesto que el virrey consideró que no era oportuno que la jurisdicción real se introdujera en una temática que escapaba a su radio de acción.

[66] La carta del Nuncio de España en DGC, vol. III, p. 912. La insistencia de los consellers junto con la carta del Nuncio de España provocaron el cambio de actitud de la Diputación respecto los abades. En este sentido, entre el 26 y el 30 de enero de 1609 tuvieron lugar diversas discusiones entre los diputados y oidores para decidir qué acciones debían emprender. Por un lado, el diputado eclesiástico, el diputado militar y el oidor militar eran partidarios de continuar siguiendo la línea trazada antes de recepción de la carta del Nuncio, lo que implicaba que los diputados juzgaran a los visitadores como «torbants» del General. Del otro lado, el oidor eclesiástico, el diputado real y el oidor real –liderados por este último– eran partidarios de hacer caso omiso de las deliberaciones hechas por la Junta de Braços y decidir en primera instancia si los abades podían ser considerados o no «torbants» de la jurisdicción del General, puesto que tal y como recordaba el oidor real, en el caso que se determinase que no lo eran toda la polémica posterior suscitada entre las instituciones no tenía sentido, ya que la Diputación no estaba capacitada para juzgar hechos fuera de sus competencias. Finalmente, se impuso el criterio de los segundos y el procurador fiscal de la Diputación presentaba el día 30 de enero una suplicación para que se recogiera la información necesaria para ordenar a los abades la liberación de Àngel Juallar y para juzgarlos como «torbants» del General. Esto no salvó a los visitadores de verse encausados como «torbants» del General por haber «usurpado» la jurisdicción de los diputados. DGC, vol. III, pp. 913 y ss.

[67] El texto de la embajada de los diputados hecha el día 10 de febrero en DGC, vol. III, p. 920. La representación de los visitadores a los consellers de Barcelona en ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 11-II-1609. La respuesta de los consellers en Dietari de l’Antic Consell Barceloní (DACB), vol. VIII, p. 482.

[68] ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 11-II-1609.

[69] DGC, vol. III, pp. 920 i ss.

[70] Ibíd., pp. 925-928.

[71] Ibid., p. 934.

[72] ACA, Consejo de Aragón, legajo 268, doc. 47 (20-V-1609). A raíz de una consulta posterior, sabemos que en 1621 los miembros del colegio de los jesuitas de Perpinyà aún no habían conseguido el control sobre el monasterio de Sant Martí del Canigó: es más, suplicaban a la corona que les hiciera la merced de eximirles del pago de 1.000 reales para poder extraer un real despacho de la Cancillería de Aragón que les otorgaba los derechos sobre unos bienes inmuebles por valor de 60.000 reales. ACA, Consejo de Aragón, legajo 271, doc. 18 (18-XII-1621).

[73] ACA, Consejo de Aragón, legajo 271, doc. 28 (27-VII-1621). En este sentido también lo recogió en su momento Jeroni Pujades, quien al referirse a Àngel Juallar y los altercados de principios de 1609 asegura que “Hisqué de tot y morí aprés, en setembre de 1625”. Dietari de Jeroni Pujades [...], op. cit., p. 85.

[74] Sobre el crecimiento de la autoridad de la Visita a partir del estudio de sus sentencias vid. Josep CAPDEFERRO, “El vigor de les [...]”, art. cit., pp. 49-70.

[75] Hemos puesto de relieve la importancia de las Cortes catalanas como fuente del derecho del Principado en Ricard Torra, “Mites o realitats? [...]”, art. cit.. Por su parte, en un artículo reciente Eva Serra ha actualizado la bibliografía disponible sobre estas asambleas en Eva SERRA PUIG, “Butlletí bibliogràfic sobre les Corts Catalanes”, Arxiu de textos catalans antics, 26, 2007, pp. 663-738.

[76] Sobre el problema que el retraso en el juramento generó, ver por ejemplo John H. ELLIOTT, La revolta catalana [...], op. cit., pp. 165-227. También en Antoni SIMON TARRÉS, Els orígens ideològics de la Revolució Catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 121-129.

[77] En su momento, los visitadores habían acordado que esta sentencia fuera revisada por las futuras Cortes. Vid. ACA, Generalidad, Serie G, 6/1/2, f. 86v-89v.

[78] ACA, Generalidad, Serie N, 1058b, f. 747v.

[79] Por ejemplo, en la querella nº22 se acusaba a los diputados y oidores del trienio de 1605-1608 de haber ejecutado con demasiado rigor a parte de los deudores, mientras que a otros no se les perseguía por ser «amigos» de los consistoriales. ACA, Generalidad, Serie VG, 34, s/f.

[80] Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Corts, 1B.XVI-85, f. 229r.

[81] Víctor FERRO, El Dret Públic Català [...], op. cit., pp. 222-224. Sobre la polémica suscitada entorno las insaculaciones de la Diputación durante las sesiones de Cortes de 1632 es indispensable ver Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía [...], op. cit., pp. 133-135. También en DGC, vol. V, pp. 426 y ss.

[82] ACA, Generalidad, Serie N, 1085b, f. 541r y 544r-544v. Los estamentos deliberaron esta cuestión los días 4 y 5 de junio de 1632 y comunicaron su resolución a los diputados el día 8 del mismo mes. Por su interés, la transcribimos a continuación: “Com en virtut de capítols de Cort, ús y styl, inconcussament observats, celebrant-se la Cort General, no estiga en facultat vostra procehir a provisions algunes de officis, axí de la present ciutat, com fora d’ella, ni a inseculacions de deputats ni oÿdors, ans ipso iure sia devolut a dita Cort General, la qual, havent entès que, no obstant lo sobredit, haurien procehit a la provisió de alguns officis y intentaríeu de voler fer la inseculació pròxima, al que és just se provehesca de remey opportú. Per tant, ab tenor de las presents, vos diem y manam, sots pena de privació de vostres salaris y altres, a dita Cort ben vistas que, per ara y fins altra cosa sia provehida per dita Cort General, per via directa ni indirecta, no procehiau a fer insiculació ni provisió alguna de officis del General, com és de assessor, advocat fiscal y altres, tant dels de la present ciutat com fora de aquella y, en cas que durant la celebració de las presents Corts, hajau procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que no crehem, per ser estada feta dita provisió axí intempestivament, com contra capítols de Cort, ús y styl inconcussament observat, dites provisions casseu y annul·leu e revoqueu y altrament totes y sengles coses en orde del demuntdit per vos, durant dita Cort fetas, torneu en son prístino estat y de la manera que estaven ans de la celebració de la present Cort General, ni de béns de la Generalitat en rahó de conferèncias o juntas de advocats per dita causa gasteu pecúnies algunes, com aqueixa sia la voluntat de dita Cort abdicant-vos acerca de dites coses tot poder de fer lo contrari”. DGC, vol. V, pp. 426-427.

[83] Antoni SIMON, Els orígens ideològics [...], op. cit., pp. 137-140.

[84] DGC, vol. V, pp. 443-445.

[85] AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 315v. También en DGC, vol. V, pp. 440-441. En la extracción fueron elegidos como visitadores las personas siguientes: Pere Joan Desgüell (Abad de Sant Pere de Rodes y «elet» de Arles), Pere Joan Damians (canónigo de Vic) y Tomàs Antic Oliveres (canónigo de Vic) por el estamento eclesiástico; Joan Tarragó (Donzell de Barcelona), Pere Joan de Vilaseca (Donzell de Guissona) y Onofre de Pons (Donzell de la vegueria de Balaguer) por el estamento militar; Rafel Montaner (burgués de Cervera), Llorenç Font (mercader de Girona) y Josep de Vilaplana (ciudadano honrado de Lleida). El juramento de los visitadores lo encontramos en DGC, vol. V, pp. 442-443.

[86] Sobre la organización del proceso de fiscalización de la Visita vid. Ricard TORRA PRAT, “La fiscalización de la actividad” [...], art. cit.. pp. 302-315.

[87] AHCB, Corts, 1B. XVI-84, f. 336v-337v. “Y si VS mana regonèxer los processos de las Corts se trobarà que las visitas se són fetas en temps de convocatió de Corts per la Cort juntada”.

[88] AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 334r-334v.

[89] AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 338r-339v.

[90] AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 343v-345r.

[91] ACA, Consejo de Aragón, legajo 282, doc. nº29, (29-VIII-1632).

[92] Ibid. En cuanto a la figura jurídica del iudicium un curia datum, vid. Josep Maria PONS GURI, Recull d’estudis d’història jurídica catalana, vol. IV, Fundació Noguera, Barcelona, 2006, pp. 13-15.

[93] Ibid. y también en AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 349v-350r.

[94] AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 370r-370v.

[95] Sobre los orígenes de la Guerra dels Segadors, vid. los ya citados, John H. ELLIOTT, La Revolta Catalana [...], op. cit., y Antoni SIMON, Els orígens ideològics [...], op. cit.; Una buena síntesis del conflicto en Xavier TORRES SANS, La Guerra dels Segadors, Lleida-Vic, Eumo-Pagès Editors, 2006; Cabe también destacar por su gran erudición el estudio ya clásico de José SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa: 1640-1659, Barcelona, J. Sadal Badal, 1956. El conflicto, su desenlace y las consecuencias que tuvo para la clase dirigente catalana los ha analizado recientemente Antoni SIMON TARRÉS, Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, Valencia, PUV, Valencia, 2011.

[96] Durante la Visita iniciada en agosto de 1641 los estamentos decidieron limitar la libertad económica de la institución fiscalizadora, estableciendo un límite presupuestario de 6.500 libras, así como se eliminaron las «Visites foranes» -inspecciones de los oficiales de la Generalitat presentes en el territorio externo de Barcelona–. ACA, Generalidad, Serie G, 6/6/1; DGC, vol. V, pp. 1197-1198, 1250-1251.

[97] Ricard TORRA, “Mites o realitats? [...]”, pp. 124-128.

[98] Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement [...], op. cit., p. 2 y 410.

[99] Una buena muestra de esta autoconstrucción de la imagen de la institución pensamos que se consiguió mediante la publicación de las dos principales obras dedicadas al funcionamiento de la institución, esto es: Summari, compendios y substancial dels procehiments, sentèncias y provisions de la Visita del General de Cathalunya, feta contra los Deputats, Oydors y Officials del dit General, que son estats en lo trienni del any 1623, fins en lo del any 1626, per a major effectuació y observança de aquellas, a utilitat y benefici de dit General, Barcelona, Geroni Margarit, 1628. El ejemplar consultado se encuentra  disponible en: Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), Fons Antic, 07 B-62/4/20; Directori de la Visita del General de Catalunya, y Breu sumari de sentèncias de las Visitas fetas des de lo any 1599 fins la última feta en lo any 1635, que importan dispositió en lo esdevenidor en benefici del General, Barcelona, Gabriel Nogués, 1636. El ejemplar consultado se encuentra disponible en: BUB, Fons Antic, 07 B-59/6/28. Nos hemos ocupado de esta problemática en Ricard TORRA PRAT, “La última institución de la filosofía cívica? La Visita del General de Catalunya a través de sus publicaciones impresas” en II Jornadas Predoctorales en Estudios de la Antigüedad y de la Edad Media. Κτῆμα ἐς αἰεὶ: el texto como herramienta común para estudiar el pasado, Oxford, British Archaeological Reports, 2015, pp. 189-196, muy especialmente las páginas 192-193.

[100] Sobre este aspecto en concreto vid. Manuel RIVERO, “La Visita del Consejo de Italia [...]”, art. cit. p. 707; también Pier Luigi ROVITORespublica dei togati [...], op. cit., p. 77 y ss.

[101] Por ejemplo, Josep Capdeferro en un publicación reciente nos muestra un caso en el que los visitadores tuvieron que declarar inocentes a los acusados en una querella porque la argumentación jurídica de esta no era lo suficientemente buena. Josep CAPDEFERRO PLA, Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Lleida, Fundació Noguera, 2012. Hacemos referencia a las pp. 160-168. En ella el autor gerundense relata, por ejemplo, la facilidad que tuvo el eminente jurista Joan Pere Fontanella para desarmar la acusación hecha por los visitadores que desarrollaron sus tareas entre 1623 y 1624 por “haver intentat vestir amb arguments jurídics un problema que no era pròpiament susceptible d’un procés judicial".